El crecimiento de los centros de datos impulsados por inteligencia artificial podría añadir USD $23.000 millones a las facturas eléctricas de consumidores en 14 estados de Estados Unidos hasta 2028. Mientras los reguladores deciden cómo repartir el costo de la nueva infraestructura, los hogares enfrentan el riesgo de pagar por una expansión que beneficia principalmente a grandes operadores tecnológicos.
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- La demanda energética de los centros de datos sería la principal causa de un aumento de USD $23.000 millones para clientes de 14 estados vinculados a PJM.
- Las reglas actuales de demanda máxima pueden favorecer a los centros de datos, que ajustan su consumo, mientras los hogares tienen menos capacidad para reducir sus cargos.
- El consumo eléctrico de los centros de datos podría representar entre 6,7% y 12% de la electricidad de EE. UU. en 2028, con riesgos de tarifas más altas y proyectos sobredimensionados.
⚡️URGENTE: La IA elevará las facturas eléctricas en EE. UU.
Se estima que el crecimiento de centros de datos por IA añadirá USD $23.000 millones hasta 2028.
14 estados enfrentan el impacto de costos incrementados por consumo energético.
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— Diario฿itcoin (@DiarioBitcoin) July 14, 2026
La expansión de la inteligencia artificial está trasladando la discusión tecnológica hacia un terreno cotidiano: el costo de la electricidad. El crecimiento de los centros de datos exige más generación, nuevas líneas de transmisión y subestaciones con mayor capacidad.
Según un informe citado por Cryptopolitan, los consumidores eléctricos de 14 estados del Atlántico Medio y el Medio Oeste de Estados Unidos podrían asumir USD $23.000 millones adicionales hasta, al menos, el cierre de 2028. El cálculo procede del monitor independiente del mercado de PJM Interconnection, operador del mercado mayorista de electricidad.
El informe aparece mientras los reguladores todavía definen quién debe pagar la infraestructura necesaria para atender el crecimiento de la inteligencia artificial. La disputa no gira alrededor de si la red necesita ampliarse, sino de cómo distribuir el costo entre clientes residenciales, comerciales, industriales y centros de datos.
La cuestión tiene relevancia para el sector tecnológico y para los hogares. Un centro de datos puede generar grandes volúmenes de actividad económica, pero su demanda también puede obligar a las compañías eléctricas a acelerar inversiones que terminarían incluidas en las tarifas generales.
La factura de la expansión energética
Theodore Kury, investigador de programas estatales que afectan a grandes consumidores de electricidad, explicó que los reguladores suelen establecer primero el costo total de un servicio público. Después determinan qué proporción corresponde a cada grupo de clientes.
Algunos gastos tienen una asignación sencilla. Si un centro de datos necesita una nueva línea para conectarse con una subestación existente, el operador del centro debe asumir ese desembolso, de acuerdo con el análisis citado en la información de origen.
La dificultad aparece cuando el crecimiento de la demanda obliga a ampliar subestaciones, reforzar líneas de transmisión o incorporar nueva generación eléctrica. Estas obras pueden beneficiar a toda la red, aunque la presión inicial provenga de un grupo reducido de grandes consumidores.
En ese escenario, los reguladores deben decidir cuánto pagarán los centros de datos y cuánto recaerá sobre otros usuarios. La falta de una fórmula nacional uniforme lleva a las comisiones estatales a diseñar políticas particulares para cada caso.
La demanda de electricidad vinculada con la inteligencia artificial ha crecido con mayor rapidez que las reglas tarifarias. Por ello, las autoridades enfrentan decisiones urgentes mientras las empresas tecnológicas anuncian o desarrollan instalaciones de gran escala.
El Departamento de Energía calculó, mediante un informe del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, que los centros de datos representaron el 4,4% del consumo total de electricidad de Estados Unidos en 2023. La proporción podría subir a entre 6,7% y 12% para 2028.
El consumo anual de electricidad de estos centros pasó de 58 teravatios-hora en 2014 a 176 teravatios-hora en 2023. La magnitud del aumento ayuda a explicar por qué la expansión de la IA se convirtió en un asunto central para los operadores de redes y las comisiones reguladoras.
El Instituto de Investigación de Electricidad ofrece una proyección todavía más elevada. Según sus estimaciones, los centros de datos podrían representar entre 9% y 17% de la demanda eléctrica estadounidense en 2030.
Una brecha en la medición de la demanda máxima
Uno de los puntos más controvertidos está en la forma de calcular los cargos por demanda. Muchas estructuras tarifarias utilizan la llamada demanda máxima coincidente, que mide el consumo durante el momento en que todo el sistema alcanza su mayor demanda.
Los centros de datos pueden reducir de manera significativa su consumo durante las horas de mayor presión. Esa flexibilidad les permite disminuir ciertos cargos de electricidad mediante estrategias que normalmente no están disponibles para los consumidores residenciales.
Kury comparó esta situación con las operaciones de minería de criptomonedas en Texas. Algunas instalaciones mineras han ajustado su consumo minuto a minuto para evitar costos elevados durante los períodos críticos de la red.
Los hogares enfrentan una posición distinta. Una familia tiene pocas opciones para modificar su consumo durante la demanda máxima, especialmente cuando utiliza equipos esenciales o necesita mantener una rutina diaria estable.
La diferencia puede influir en la distribución final de los costos. Si los grandes consumidores reducen su uso justo durante el período utilizado para calcular las tarifas, otros clientes podrían absorber una parte mayor de las inversiones necesarias para ampliar la red.
El desequilibrio también aparece en los procedimientos regulatorios. Las compañías eléctricas, los clientes industriales y los administradores de centros de datos pueden recurrir a testigos expertos para defender sus métodos preferidos de asignación de costos.
Los consumidores residenciales no cuentan con el mismo nivel de recursos. Kury señaló que la mayoría de los estados, con excepción de Georgia, Louisiana e Idaho, tiene grupos de defensa del consumidor, aunque muchos deben representar legalmente a todos los usuarios por igual.
Esa obligación limita la capacidad de esos grupos para sostener que los centros de datos deberían asumir una porción mayor de la infraestructura nueva. En consecuencia, la defensa de los hogares puede quedar debilitada frente a empresas con equipos legales y técnicos especializados.
La regulación tampoco sigue un criterio unificado. Como las comisiones estatales establecen sus propias políticas, dos proyectos similares podrían enfrentar reglas diferentes sobre conexiones, pagos garantizados y participación en las inversiones de red.
El riesgo de tarifas más altas y obras sobredimensionadas
El temor principal es que los hogares terminen pagando una parte significativa de la expansión energética de la inteligencia artificial. Un comentario de Brookings publicado el 9 de julio señaló que existe un consenso creciente sobre el riesgo de facturas más elevadas si no cambian las reglas de asignación.
Una previsión de ICF citada por Brookings estimó que las tarifas eléctricas residenciales podrían aumentar entre 15% y 40% para 2030 si las estructuras actuales permanecen sin modificaciones. Algunas compañías de servicios públicos también podrían duplicar sus tarifas entre el presente y 2050.
David M. Klaus y Mark MacCarthy, autores del comentario, indicaron que el debate cambió respecto al año anterior. En ese momento, varios defensores de la industria sostenían que una mayor inversión en centros de datos terminaría reduciendo los costos eléctricos.
La promesa de menores costos depende de cómo se financien las obras y de cuánta demanda permanente generen los nuevos centros. Si las instalaciones consumen menos electricidad de la prevista o no se construyen, la red podría quedar con inversiones difíciles de recuperar.
La sobreconstrucción representa otro riesgo. Brookings citó estimaciones de Sightline Climate según las cuales hasta la mitad de los grandes proyectos de centros de datos previstos para 2026 nunca llegarían a construirse.
Datos de Wood Mackenzie también mostraron que los anuncios de nuevos centros de datos a gran escala se redujeron a la mitad entre el tercer y el cuarto trimestre de 2025. Este descenso refuerza la preocupación por posibles proyectos de infraestructura varados.
Una obra varada puede convertirse en un problema para los contribuyentes y usuarios del servicio público. Si una empresa eléctrica construye capacidad anticipando una demanda que no llega, los reguladores deben decidir cómo recuperar ese dinero sin trasladar injustamente el costo a los hogares.
La llamada Promesa de Protección al Consumidor busca responder parcialmente a esa preocupación. Anunciada por el presidente Donald Trump el 4 de marzo de 2026, consiste en un compromiso voluntario de Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle y xAI.
Las empresas prometieron financiar la infraestructura energética que necesitan sus centros de datos y pagar tarifas negociadas, incluso cuando no utilicen la electricidad. Sin embargo, la aplicación efectiva del compromiso todavía depende de los estados.
El carácter voluntario de la promesa deja abierta la discusión sobre su alcance. Las comisiones estatales deben definir si pueden convertir esos compromisos en obligaciones ejecutables y cómo encajarán con las normas existentes para clientes industriales.
Para los consumidores, el resultado dependerá de decisiones regulatorias concretas. La velocidad de la expansión de la IA, la flexibilidad de los centros de datos y la posibilidad de proyectos cancelados determinarán si los beneficios de la tecnología se distribuyen junto con sus costos.
La experiencia de la minería de criptomonedas muestra que los grandes consumidores pueden adaptarse a las condiciones de la red. El desafío consiste en diseñar tarifas que reconozcan esa flexibilidad sin permitir que los hogares terminen pagando inversiones asociadas principalmente con el crecimiento de la IA.
La discusión seguirá abierta mientras Estados Unidos decide cómo modernizar su sistema eléctrico. La pregunta central ya no es solo cuánta energía requiere la inteligencia artificial, sino quién asumirá la factura cuando la red tenga que crecer para atenderla.
Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.
Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.
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