Por Canuto  

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a Samuel Tunick de usar una función de GrapheneOS para borrar su teléfono durante una inspección fronteriza. El caso plantea preguntas inéditas sobre privacidad digital, poderes aduaneros y la posible responsabilidad penal por eliminar datos.
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  • Los fiscales sostienen que Tunick proporcionó un código que eliminó el contenido de su teléfono antes de su confiscación.
  • Sus abogados alegan que la detención y el registro del dispositivo fueron ilegales y piden excluir las pruebas.
  • Expertos en seguridad consideran que el proceso podría convertirse en un precedente para viajeros, activistas y periodistas.

 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos procesa a Samuel Tunick, residente de Atlanta, por supuestamente entregar a agentes fronterizos un código que borró el contenido de su teléfono. El caso se apoya en una acusación federal y en reportes sobre una función de seguridad incorporada en GrapheneOS.

La Fiscalía sostiene que Tunick proporcionó una clave que provocó la eliminación del contenido digital antes de que las autoridades confiscaran el dispositivo. De acuerdo con TechCrunch, el gobierno lo acusa bajo un estatuto federal que prohíbe destruir o dañar intencionalmente una propiedad para impedir que las autoridades la incauten.

Tunick se declaró no culpable y combate los cargos en un tribunal federal de Atlanta. Sus abogados también presentaron una moción para suprimir la evidencia, con la que buscan que el juez excluya los datos obtenidos durante la detención y el registro.

La función involucrada se conoce como contraseña de coacción. El propietario puede configurar un código diferente al de desbloqueo habitual para que el teléfono elimine deliberadamente su contenido cuando alguien lo introduce.

GrapheneOS estaba instalado en el equipo de Tunick, según confirmaron sus abogados. El sistema operativo personalizado funciona sobre dispositivos Android, incluidos teléfonos Google Pixel, y ofrece controles de privacidad que no suelen estar disponibles en el software convencional.

La inspección en el aeropuerto de Atlanta

La moción presentada por la defensa sitúa los hechos el 24 de enero de 2025. Ese día, las autoridades trasladaron a Tunick a una inspección secundaria en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta cuando regresaba de un viaje al extranjero.

Los abogados afirman que los agentes le negaron repetidamente el acceso a un abogado y no le informaron sobre sus derechos legales. También sostienen que las autoridades exigieron revisar el teléfono bajo el argumento de buscar imágenes de explotación infantil.

La defensa asegura que los agentes no entregaron evidencia que justificara esa sospecha. En cambio, la moción plantea que el gobierno investigaba a Tunick por su relación con Defend the Atlanta Forest, un movimiento ambiental que se opone al desarrollo de un campus de entrenamiento para las fuerzas del orden en Atlanta.

Ese proyecto recibe el nombre de Cop City y ha provocado una larga movilización ambiental en la ciudad. La defensa considera que la asociación de Tunick con el movimiento pudo influir en el interés de las autoridades sobre sus dispositivos y actividades.

Según los abogados, los agentes argumentaron que no necesitaban una orden judicial para registrar el teléfono porque Tunick todavía no había cruzado formalmente la frontera. Cuando introdujeron el código entregado por el viajero, la pantalla quedó en blanco, parpadeó varias veces y el dispositivo pareció reiniciarse.

Las autoridades confiscaron el teléfono de todos modos. Después informaron a Tunick que podía retirarse y le permitieron ingresar a Estados Unidos.

Privacidad digital y poderes en la frontera

El proceso ocurre en un área legal especialmente compleja: los controles fronterizos. Durante décadas, el gobierno estadounidense ha sostenido que puede registrar y confiscar dispositivos sin una orden de registro o una orden judicial hasta que una persona reciba autorización para entrar al país.

La defensa cuestiona esa interpretación en el caso de Tunick. Sus abogados argumentan que la detención y la confiscación fueron ilegales, por lo que cualquier evidencia relacionada con el supuesto borrado también debería quedar fuera del proceso.

La controversia no se limita al contenido del teléfono. También examina si una persona puede enfrentar cargos penales por activar una herramienta diseñada para proteger sus datos cuando una autoridad intenta obtener acceso al dispositivo.

La acusación afirma que el código provocó que el teléfono eliminara su contenido digital. El documento contiene además un error tipográfico al referirse al “Código de los Estados Unidos”, pero identifica el estatuto federal utilizado por los fiscales para presentar el cargo.

Matthew Dodge, defensor público federal asistente del equipo de Tunick, dijo que resulta extraordinariamente raro ver ese estatuto en una acusación. Expertos en seguridad consultados por TechCrunch tampoco señalaron antecedentes conocidos de cargos presentados de esa manera.

Bill Buddington, tecnólogo sénior de la Electronic Frontier Foundation, y Runa Sandvik, especialista en seguridad digital, dijeron que no habían visto casos similares relacionados con contraseñas de coacción. Sandvik dirige Granitt, una firma de consultoría que trabaja para proteger a personas en situación de riesgo.

Un posible precedente para usuarios y activistas

Sandvik explicó que tampoco había visto antes un proceso de este tipo, aunque durante años había conversado con activistas y periodistas sobre ese escenario. A su juicio, el caso recuerda que las autoridades pueden argumentar que una persona destruyó datos de manera intencional.

La experta recomendó no transportar determinados datos al cruzar fronteras cuando exista un riesgo elevado de inspección. Con planificación previa, añadió, los viajeros pueden descargar la información que necesiten después de llegar a su destino.

La recomendación refleja una práctica habitual entre personas que manejan información sensible. Activistas, periodistas y otros profesionales pueden separar los datos de trabajo de sus dispositivos personales, reducir la información almacenada localmente y preparar mecanismos de recuperación antes de viajar.

Sin embargo, el caso de Tunick plantea una dificultad adicional. Una herramienta creada para proteger la privacidad podría convertirse, según la interpretación de los fiscales, en evidencia de una intención de impedir la confiscación de propiedad.

Ese argumento todavía debe superar el análisis del tribunal. La defensa sostiene que el gobierno actuó fuera de sus facultades y que el contexto de la inspección afecta la validez de todas las pruebas obtenidas durante el procedimiento.

La Electronic Frontier Foundation mantiene guías sobre protección de datos y seguridad durante los controles fronterizos estadounidenses. Sus materiales explican los derechos de las personas y las medidas que pueden adoptar para reducir la exposición de información personal.

El tribunal federal de Atlanta que supervisa el caso deberá pronunciarse sobre la moción para suprimir la evidencia más adelante durante este año. Esa decisión podría determinar si la acusación continúa con el material obtenido en la inspección o si los fiscales tendrán que avanzar con un expediente limitado.

El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios realizada por TechCrunch. Mientras el proceso avanza, el caso combina una función poco conocida de GrapheneOS con preguntas constitucionales sobre los registros fronterizos y el alcance de la protección de la privacidad digital.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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