Por Canuto  

La expansión de los centros de datos vinculados con la inteligencia artificial está provocando una reacción política inesperada en Estados Unidos: alcaldes, concejales y comisionados enfrentan campañas de revocatoria por decisiones relacionadas con agua, electricidad, zonificación e incentivos fiscales.
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  • Ballotpedia registró 205 campañas de revocatoria dirigidas contra 329 funcionarios entre enero y junio de 2026, en 26 estados.
  • John Perkins perdió su cargo en Independence, Missouri, después de respaldar incentivos fiscales para un campus de datos de Nebius.
  • Yukon, Oklahoma, y San Angelo, Texas, tienen votaciones de revocatoria previstas para el 3 de noviembre, mientras otras campañas siguen en trámite o fracasaron por requisitos legales.

La expansión de los centros de datos vinculados con la inteligencia artificial está convirtiendo decisiones de desarrollo económico local en conflictos electorales de alto voltaje en Estados Unidos. Alcaldes, miembros de concejos, síndicos municipales y comisionados de condado enfrentan campañas de revocatoria por haber respaldado proyectos, incentivos fiscales, ventas de terrenos o cambios de zonificación.

Ballotpedia registró 205 campañas de revocatoria dirigidas contra 329 funcionarios entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. Los procesos se desarrollaron en 26 estados. La cifra representa el nivel más alto para una primera mitad de año desde que esa organización no partidista comenzó a rastrear estos procesos en 2014.

El rechazo se concentra en agua, energía y transparencia

Las disputas no responden a una sola causa, aunque los opositores suelen mencionar el consumo de electricidad y agua, el ruido, los efectos ambientales y el posible impacto sobre el valor de las propiedades. También cuestionan los incentivos fiscales y la forma en que los gobiernos locales informaron a los residentes antes de adoptar decisiones que pueden comprometer grandes extensiones de terreno y recursos públicos.

Los defensores de los proyectos sostienen que los centros de datos pueden atraer inversión, ampliar la recaudación tributaria y fortalecer la infraestructura estadounidense para la inteligencia artificial. Esa promesa económica, sin embargo, no ha disipado las dudas de comunidades que temen pagar costos más altos por la electricidad, enfrentar presión sobre sus redes hídricas o convivir con instalaciones ruidosas cerca de sus viviendas.

Joe Horn, organizador de una campaña en Yukon, Oklahoma, dijo que esperaba que otras ciudades siguieran el ejemplo de su comunidad cuando los residentes sienten que sus representantes dejaron de escucharlos. Horn resumió el cambio de ánimo local al afirmar que Yukon estaba dormido y que ya no lo estaba, después de que la petición de revocatoria reuniera 1.451 firmas válidas frente a un requisito de 1.449.

La reacción también ha expuesto los límites legales de estas herramientas. En varios estados, el desacuerdo político no basta para activar una revocatoria, por lo que los organizadores deben cumplir umbrales de firmas, plazos y requisitos específicos sobre la conducta atribuida a cada funcionario.

Missouri marca el primer golpe electoral

John Perkins, concejal del Primer Distrito de Independence, Missouri, perdió su cargo en una elección de revocatoria celebrada el 1 de septiembre. La campaña estuvo vinculada con su voto a favor de un paquete de incentivos para un campus de Nebius proyectado en Little Blue Valley, con una superficie prevista de 2,1 millones de pies cuadrados y una exención del 90% del impuesto predial.

Los promotores de la campaña argumentaron que Perkins no consultó adecuadamente a sus electores antes de respaldar el desarrollo y reunieron las 1.000 firmas necesarias para llevar el caso a las urnas. El resultado fue contundente: 68% de los votantes apoyó la destitución, frente a 32% que prefirió mantenerlo en el cargo.

La tensión ya había provocado una revuelta electoral en Festus, también en Missouri, donde cuatro concejales en funciones fueron derrotados el 7 de abril tras apoyar un centro de datos propuesto de USD $6.000 millones sobre aproximadamente 360 acres. Los opositores intentaron después revocar al alcalde Sam Richards y a los concejales David Boyer, Kevin Dennis y Michael Cook, pero la iniciativa no llegó a una votación.

El abogado de la ciudad determinó que las peticiones de Festus cuestionaban el apoyo de los funcionarios al proyecto, pero no alegaban conducta ilegal ni otros fundamentos exigidos por la ley estatal. Missouri permite las revocatorias por motivos como mala conducta, incompetencia o incumplimiento de deberes legalmente prescritos, de modo que las inquietudes sobre agua, tarifas eléctricas y barrios cercanos no fueron suficientes por sí solas.

Oklahoma y Texas preparan nuevas votaciones

En Yukon, el alcalde Brian Pillmore enfrentará a los votantes el 3 de noviembre por su apoyo a un contrato para vender un terreno cercano a State Highway 66 y Frisco Road a Beltline Energy. El acuerdo está relacionado con un centro de datos, y los organizadores sostienen que el proceso incluyó un acuerdo de confidencialidad firmado en secreto y que la Comisión de Planificación fue engañada.

La ciudad certificó el 11 de agosto la petición de revocatoria contra Pillmore. Horn aseguró que los residentes ubicados a menos de 100 yardas del sitio temen un aumento del ruido, presión sobre la red eléctrica y mayores costos de energía, además de un consumo de agua que la ciudad quizá no pueda atender. La petición no destituye automáticamente a Pillmore, quien puede competir nuevamente en la elección, mientras el vicealcalde Jeff Wootton renunció el 6 de junio después de que se presentara el documento.

San Angelo, Texas, también celebrará una elección de revocatoria el 3 de noviembre contra el concejal del Distrito 3, Harry Thomas. Antes de ese proceso, la San Angelo Data Center Citizen Coalition intentó sin éxito revocar al alcalde Tom Thompson y al concejal del Distrito 2, Joe Self, por su apoyo al proyecto Skybox.

Texas acumula otros conflictos. En Temple fracasó una campaña contra el alcalde Tim Davis, la pro alcaldesa Jessica Walker y el concejal Mike Pilkington, quienes respaldaron anexar y rezonificar cerca de 700 acres para un centro de datos de USD $700 millones, porque los organizadores no reunieron las 5.000 firmas requeridas; en Granbury, las peticiones contra el alcalde Jim Jarratt y los concejales Skip Overdier, Bruce Wadley, Zeb Ullom y Greg Corrigan podrían avanzar después de una disputa judicial sobre el Project Patriot, previsto en una propiedad de 2.084 acres.

En El Paso, la concejal del Distrito 4, Cynthia Boyar Trejo, enfrenta una campaña que surgió de su voto contra renegociar y luego terminar un acuerdo de incentivos entre El Paso, Wurldwide LLC y Meta. Los opositores al centro de datos de Meta citan presión sobre el agua, mayores costos de energía y ruido, mientras Trejo afirma que apoyaba exigir responsabilidades a Meta, pero dentro de un proceso legal y colaborativo; la campaña necesita 4.233 firmas.

California y Michigan amplían el mapa de conflictos

En Coachella, California, las concejalas Yadira Perez y Denise Delgado enfrentan una campaña que necesita aproximadamente 4.000 firmas. El esfuerzo surgió por su apoyo a un acuerdo de servicios públicos municipales con Stronghold Power Systems para facilitar un centro de datos, aunque el concejo terminó el acuerdo después de la oposición pública; los promotores todavía advierten sobre hasta USD $20 millones en posibles costos legales.

En el condado de Imperial, la presidenta de la Junta de Supervisores, Peggy Price, fue señalada después de votar por una fusión de lotes que permitiría avanzar un proyecto de centro de datos. Los organizadores la acusaron de ignorar a los residentes y de permitir audiencias donde algunos opositores no pudieron hablar, mientras Price dijo que la opinión estaba dividida, que debía cumplir la ley y que las medidas de seguridad respondieron a amenazas creíbles; el intento fracasó al no presentarse un borrador antes del 15 de mayo.

Michigan concentra una de las redes más extensas de campañas. En Augusta Township, los organizadores buscan revocar al supervisor Todd Waller, la tesorera Susan Burek, la secretaria Kim Gonczy y los fideicomisarios Linda Adams, Keith Gipfert, Michael Green y Stephanie Prain por aprobar unánimemente la rezonificación de 522 acres agrícolas cerca de Milan para un centro de datos de hiperescala; además, un referéndum del 4 de agosto consultó a los votantes sobre la ordenanza.

En Lyon Township fracasó una campaña contra los siete integrantes de la junta, John Dolan, Michele Cash, Patricia Carcone, Lise Blades, Kristofer Enlow, Sean O’Neil y Robert Swain, aunque sus organizadores dijeron que la motivación real era Project Flex, un centro de datos de 1,8 millones de pies cuadrados. En Mason, la concejala Elaine Ferris sí enfrentará una votación el 3 de noviembre por apoyar un distrito de innovación tecnológica M-3, mientras la campaña contra el alcalde Russ Whipple fue rechazada por inconsistencias entre el lenguaje de la petición y la versión aprobada; los promotores quieren reiniciarla para mayo de 2027.

Otras campañas de Michigan siguen abiertas o enfrentan revisión. En Frenchtown Township, Al VanWashenova, Sheila Bussell y Julie Ellison fueron señalados por asistir a una presentación de Cloverleaf Infrastructure sobre un posible proyecto en North Dixie Highway, con un umbral de 2.124 firmas por funcionario; en Lowell Township, Jerry Hale, Mark Anderson y William Thompson enfrentan una campaña relacionada con un centro de datos de USD $1.000 millones en Covenant Business Park.

En Van Buren Township, Kevin McNamara, Leon Wright, Sharry Budd, Donald Boynton, William Frazier, Bryon Kelley y Kevin Martin fueron incluidos en un esfuerzo ligado a un proyecto de 282 acres en Haggerty Road, debido a su cercanía con viviendas y a los riesgos ambientales, hídricos y energéticos alegados por residentes. El abogado de los funcionarios planeaba apelar y cuestionó si el peticionario vivía en el municipio, mientras en Lenox Township la comisión electoral permitió avanzar una campaña contra Anthony Reeder Jr., Michelle Gurley, Jennifer Sutherland, Joe Rosseel y Joe Marino, pero rechazó otros cuatro esfuerzos.

Más campañas enfrentan límites legales y administrativos

En Sand Springs, Oklahoma, los organizadores intentaron revocar a buena parte del liderazgo municipal por promover un centro de datos sin una votación pública y por ignorar preocupaciones ciudadanas. Las peticiones apuntaron inicialmente al alcalde Jim Spoon y seis concejales, pero solo involucraron finalmente a Cody Worrell, Matt Barnett y Mike Burdge sin alcanzar los umbrales; la campaña contra Spoon quedó aproximadamente 900 firmas por debajo de la meta.

En Claremore, la alcaldesa Debbie Long y los concejales Herb McSpadden, Melissa Cottom, Josh Fellman, Justin Michael, Brian Callendar, Holly Bowlby, Jonathan Bruckerhoff y Lindsey Erwin enfrentan un esfuerzo vinculado con Project Mustang. Los activistas reclaman transparencia y una decisión ciudadana, pero la exconcejala Susan Kirtley pidió no firmar porque el proyecto podría generar beneficios económicos estimados en USD $6,6 millones; los organizadores necesitan 1.763 firmas.

En Fort Meade, Florida, Watchdogs of Fort Meade señaló al alcalde Jaret Williams, la vicealcaldesa Petrina McCutchen y el comisionado Matthew Taylor por un proyecto de USD $2.600 millones. El grupo alegó mala conducta, problemas de gestión financiera y posibles conflictos de interés, aunque dijo apoyar el desarrollo si garantiza empleos y beneficios reales; Taylor defendió la iniciativa como importante para la competitividad de Florida y Estados Unidos en inteligencia artificial.

En el condado de Brantley, Georgia, las campañas contra Skipper Harris, Hal Herndon y Randy Davidson fracasaron en una etapa procesal temprana después de que las declaraciones juradas no identificaran correctamente a los funcionarios y las firmas válidas quedaran por debajo de las 100 necesarias. En el condado de Lincoln, Nebraska, Joe Hewgley, Chris Bruns y Jerry Woodruff enfrentan revocatorias por votar contra una moratoria, con requisitos de 1.147, 925 y 864 firmas, respectivamente, equivalentes al 35% de los votos que cada uno obtuvo en 2024.

También hubo intentos fallidos en Page, Arizona, donde los residentes no presentaron a tiempo las 316 firmas contra el alcalde Steven Kidman ni las 533 contra la concejala Debra Roundtree por la venta de 500 acres. En Port Washington, Wisconsin, Great Lakes Neighbors United no alcanzó las 1.591 firmas necesarias para remover al alcalde Ted Neitzke por un proyecto de centro de datos de USD $15.000 millones; el peticionario Sebastian Elischer denunció secretismo, mientras Neitzke acusó a la campaña de apoyarse en desinformación.

El desarrollo económico se transforma en riesgo electoral

El balance muestra campañas de naturaleza muy distinta: algunas responden a votos directos sobre incentivos, otras a rezonificaciones, ventas de tierras, acuerdos de servicios públicos o negativas a aprobar moratorias. Varias se estancaron por falta de firmas, incumplimiento de plazos o ausencia de fundamentos legales, lo que demuestra que una protesta pública no siempre puede convertirse en una elección de revocatoria.

Aun así, la destitución de Perkins, la renuncia de Wootton y las votaciones previstas para Pillmore y Thomas muestran que la reacción ya superó las discusiones habituales en reuniones municipales. Los proyectos de centros de datos pueden aportar inversión y capacidad tecnológica, pero también concentran riesgos sobre recursos que los residentes perciben como directamente vinculados con su vida cotidiana.

Para los gobiernos locales, la discusión ya no consiste únicamente en atraer capital y posicionarse dentro de la economía de la inteligencia artificial. También implica demostrar que las comunidades recibieron información suficiente, que los acuerdos no trasladan costos desproporcionados a los hogares y que las audiencias permitieron participar a quienes vivirán junto a las instalaciones.

La experiencia de 2026 sugiere que el respaldo a un centro de datos puede convertirse en un pasivo electoral cuando los votantes perciben secretismo, incentivos excesivos o falta de respuestas sobre agua, energía y ruido. Mientras más propuestas requieran grandes superficies y consumos intensivos de recursos, mayor será la presión sobre los funcionarios para justificar no solo la promesa de crecimiento, sino también sus costos locales.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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