Por Hannah Pérez  

Una decena de funcionarios de la administración de Donald Trump reportaron intereses financieros en SpaceX o xAI, dos compañías vinculadas a Elon Musk, antes de la esperada salida a bolsa. Según Bloomberg, esas participaciones sumaban entre USD $9,9 millones y USD $43,8 millones en las divulgaciones públicas recientes, en un momento en que la IPO podría convertirse en la mayor de la historia.

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  • Diez funcionarios reportaron participaciones en SpaceX o xAI, con valores combinados entre USD $9,9 millones y USD $43,8 millones.
  • SpaceX busca una IPO que podría recaudar hasta USD $75.000 millones y alcanzar una valoración mínima de USD $1,8 billones.
  • La compañía mantiene fuertes vínculos con el gobierno estadounidense y recibió USD $4.000 millones en transacciones federales en el año fiscal 2025.

 

 

La esperada salida a bolsa de SpaceX no solo podría convertir a Elon Musk en el primer billonario del mundo. También podría enriquecer a varios funcionarios de la administración de Donald Trump que reportaron participaciones financieras millonarias en compañías del empresario antes de la oferta pública inicial (IPO).

Según un reporte de Bloomberg basado en divulgaciones financieras públicas, diez funcionarios federales declararon intereses en SpaceX o en xAI, la firma de inteligencia artificial y redes sociales de Musk que se fusionó con SpaceX en febrero. En conjunto, esas participaciones tenían un valor estimado de entre USD $9,9 millones y USD $43,8 millones, aunque las declaraciones se presentan en rangos amplios y corresponden a reportes realizados el año pasado.

El caso es especialmente sensible porque SpaceX no es una empresa privada cualquiera. La compañía es uno de los mayores contratistas tecnológicos y aeroespaciales del gobierno estadounidense, con contratos clave en lanzamientos, satélites, comunicaciones, defensa y servicios vinculados a agencias federales.

La IPO, que podría ocurrir tan pronto como la próxima semana, apunta a una valoración de al menos USD $1,8 billones y a una recaudación de hasta USD $75.000 millones, lo que la convertiría en la mayor oferta pública inicial de la historia.

Una IPO sin precedentes

SpaceX busca llegar al mercado público en una escala que no tiene precedentes.

Bloomberg ha reportado que la compañía aspira a levantar hasta USD $75.000 millones, superando ampliamente el récord histórico de Saudi Aramco, que recaudó USD $29.400 millones en 2019. La valoración objetivo, de al menos USD $1,8 billones, ubicaría a SpaceX entre las compañías más valiosas del mundo desde su debut bursátil.

El tamaño de la operación ya genera atención en Wall Street. Pero el componente político añade una capa adicional de escrutinio: varios miembros de la administración Trump tenían exposición financiera a SpaceX o xAI antes de que la oferta pudiera multiplicar el valor de esas participaciones.

Bloomberg señaló que los funcionarios podrían haber vendido total o parcialmente sus participaciones desde sus divulgaciones más recientes sin activar requisitos adicionales de reporte, ya que las tenencias en empresas privadas están exentas de ciertas obligaciones de notificación que sí aplican a acciones o bonos públicos.

Nuevas divulgaciones financieras presentadas en mayo se volverían públicas a mediados de junio, lo que podría dar más claridad sobre si algunos funcionarios mantuvieron, redujeron o vendieron sus posiciones antes de la IPO.

SpaceX y el gobierno estadounidense

La preocupación ética se agrava por la relación directa entre SpaceX y el gobierno de Estados Unidos. La compañía registró USD $4.000 millones en transacciones federales durante el año fiscal 2025. Además, el mes pasado recibió otros USD $6.500 millones en dos contratos de la Fuerza Espacial de EE. UU. para proveer satélites destinados a comunicaciones y monitoreo de amenazas aéreas.

SpaceX también interactúa con distintas agencias federales en áreas como infraestructura, permisos, uso de tierras, telecomunicaciones, defensa y contratación pública.

Musk, por su parte, tuvo influencia directa en Washington durante su etapa al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE. Según Bloomberg, ayudó a seleccionar a decenas de personas para roles de recorte de contratos y recopilación de datos en el gobierno federal, muchas de ellas provenientes de SpaceX u otras empresas de su ecosistema.

Esa combinación —una empresa altamente dependiente de contratos públicos, una IPO gigantesca, funcionarios con participaciones privadas y un fundador con vínculos recientes con el gobierno— es lo que expertos en ética describen como un evento difícil de comparar con precedentes anteriores.

Caleb Burns, abogado especializado en ética gubernamental de Wiley Rein, dijo a Bloomberg que se trata de un “evento unicornio”. A su juicio, no existen analogías históricas claras para una oferta pública de esta magnitud liderada por un exaliado cercano del presidente, que además tuvo participación en prácticamente todas las agencias administrativas mediante DOGE.

Funcionarios con participaciones relevantes

Uno de los casos más destacados es el de Paul McInerny, exingeniero de SpaceX y actual director de información del Departamento del Interior. Según Bloomberg, McInerny reportó la mayor participación individual en SpaceX entre los funcionarios analizados, con una posición valorada entre USD $5 millones y USD $25 millones.

McInerny no tuvo que desinvertir. En cambio, recibió una exención ética que le permite trabajar en asuntos de aplicación general que podrían afectar indirectamente a SpaceX, según documentos citados por Bloomberg. Un portavoz del Departamento del Interior dijo que McInerny se recusa de todos los asuntos relacionados con sus intereses financieros.

El caso es relevante porque el Departamento del Interior administra cientos de millones de acres de tierras federales, permisos ambientales y agencias como el Servicio de Pesca y Vida Silvestre. SpaceX ha interactuado con el Departamento en varias áreas, incluyendo Starlink y solicitudes vinculadas a proyectos cerca de refugios de vida silvestre en Texas.

Otro funcionario de alto perfil con exposición a SpaceX fue Steve Witkoff, enviado especial que ha trabajado en negociaciones sobre Ucrania, Gaza e Irán. Witkoff declaró activos de entre USD $1 millón y USD $5 millones en 3G Investors LLC, un vehículo cuyo único holding reportado era SpaceX.

xAI también aparece en las declaraciones

Las participaciones no se limitaron a SpaceX. Kelly Loeffler, exsenadora y actual administradora de la Small Business Administration, reportó una inversión en xAI valorada entre USD $1 millón y USD $5 millones. La posición aparece como activo de la family office que invierte para Loeffler y su esposo, Jeffrey Sprecher, fundador de Intercontinental Exchange.

Esa exposición estaba vinculada a una cuenta de UBS Group mediante un fondo de Valor Equity Partners, cuyo único activo declarado era xAI, según Bloomberg. Valor fue fundada por Antonio Gracias, asociado de largo plazo de Musk y uno de los mayores accionistas de SpaceX después del propio Musk.

Otros funcionarios con participaciones reportadas incluyen a Michael Lynch, ex empleado de SpaceX y actual subadministrador de la General Services Administration, quien declaró entre USD $500.000 y USD $1 millón en SpaceX. La GSA administra contrataciones y propiedades del gobierno federal.

También figuran embajadores estadounidenses en Luxemburgo, Irlanda, República Checa y Portugal con intereses en SpaceX o xAI. Stacey Feinberg, embajadora en Luxemburgo, reportó exposición a xAI mediante un fondo de 1789 Capital, donde Donald Trump Jr. es socio. Su participación fue valorada entre USD $500.000 y USD $1 millón, y recibió aprobación para conservarla porque el gobierno determinó que la posibilidad de solapamiento entre sus funciones y los intereses de la empresa era remota.

Warsh tuvo que desinvertir

En al menos un caso, un funcionario sí tuvo que desprenderse de exposición a SpaceX.

Kevin Warsh, quien reemplazó a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal el mes pasado, tenía exposición a SpaceX mediante un fondo afiliado a Duquesne Family Office, la firma del inversionista multimillonario Stan Druckenmiller.

Warsh indicó en una declaración ética que vendería su participación en ese fondo antes de asumir su cargo en el banco central. La Reserva Federal no comentó más allá del documento de ética, según Bloomberg.

Este caso muestra que las decisiones pueden variar según el cargo, el alcance de las responsabilidades y la evaluación de conflicto potencial. En funciones con impacto directo sobre mercados financieros, política monetaria o estabilidad sistémica, las exigencias de desinversión pueden ser más estrictas.

El problema de las acciones privadas

Un elemento clave del caso es que SpaceX sigue siendo una empresa privada.

Cuando un funcionario posee acciones públicas o bonos, ciertas ventas deben reportarse en un plazo de hasta 45 días. Pero las participaciones en compañías privadas están exentas de algunos requisitos de divulgación transaccional. Eso significa que el público no necesariamente sabe si un funcionario vendió, mantuvo o aumentó exposición antes de un evento como una IPO.

Además, vender acciones privadas puede ser complejo. SpaceX controla cuándo y cuánto pueden vender sus accionistas privados, según la exención ética de McInerny citada por Bloomberg. Esa dificultad fue uno de los argumentos considerados para permitirle conservar sus acciones mientras se recusa de asuntos específicos.

Sin embargo, expertos en ética sostienen que, aunque algunos arreglos puedan ser legales, no necesariamente representan la mejor práctica.

Scott Amey, asesor general del Project on Government Oversight, dijo a Bloomberg que mantener una participación de este tipo puede requerir supervisión diaria. A su juicio, la mejor práctica habría sido salir de la posición para eliminar incluso la apariencia de conflicto de interés.

Una IPO que reorganiza Wall Street y Washington

SpaceX ya era una empresa excepcional por su papel en lanzamientos reutilizables, Starlink, contratos de defensa y ambiciones espaciales. La IPO la convierte además en un evento financiero y político de enorme magnitud.

La oferta podría hacer multimillonarios a varios insiders e inversionistas, generar millones para empleados y elevar aún más la fortuna de Musk. Bloomberg ha reportado que la operación podría acercar a Musk al umbral de primer billonario del mundo si alcanza la valoración objetivo.

Pero el hecho de que funcionarios del gobierno tengan exposición directa o indirecta a esa riqueza futura plantea preguntas sobre conflicto de interés, recusaciones, transparencia y confianza pública.

Reilly Steel, profesor asociado de Derecho en Columbia University, dijo a Bloomberg que no conoce otra IPO reciente en la que tantos funcionarios de alto nivel tengan interés financiero.

Transparencia bajo prueba

El caso no implica por sí solo que los funcionarios hayan violado normas éticas. Varias agencias dijeron que sus funcionarios cumplen con requisitos de divulgación y obligaciones legales. Portavoces del Departamento del Interior, la GSA y el Departamento de Estado defendieron que se siguieron procesos de ética o recusación.

Pero la magnitud del evento pone bajo prueba esos mecanismos.

Cuando una empresa privada con grandes contratos federales se prepara para una IPO histórica, y altos funcionarios poseen participaciones en ella o en compañías relacionadas, las reglas formales pueden no ser suficientes para disipar dudas públicas. La pregunta no es solo si la ley permite mantener los activos, sino si los ciudadanos pueden confiar en que las decisiones gubernamentales relacionadas con SpaceX, xAI, contratos, permisos o regulación estarán completamente libres de incentivos financieros personales.

La próxima publicación de nuevas divulgaciones financieras podría aclarar parte del panorama. Mientras tanto, la IPO de SpaceX ya no es solo una historia de Wall Street, tecnología espacial y fortuna de Elon Musk. También es una historia sobre cómo el auge de las compañías privadas más valiosas del mundo choca con las reglas de ética de un gobierno lleno de funcionarios ricos, conectados y expuestos a los mismos activos que el Estado contrata y regula.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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