Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

El estado acusa a la empresa de dañar la salud mental de menores y pide cambios estructurales en sus plataformas.

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  • Nuevo México intensifica ofensiva legal contra Meta.

  • Busca cambios obligatorios en Facebook, Instagram y WhatsApp.

  • Caso podría redefinir responsabilidad de redes sociales en EE. UU.

 

El estado de Nuevo México solicitó a un juez declarar a Meta Platforms como una “molestia pública”, en el marco de un proceso judicial que podría tener implicaciones profundas para la industria tecnológica. La demanda, presentada ante un tribunal estatal, busca que la compañía pague USD $3.700 millones y realice modificaciones sustanciales en sus plataformas para proteger a los usuarios más jóvenes.

Durante los alegatos iniciales, David Ackerman, abogado del estado, sostuvo que el caso responde a una crisis de salud mental entre menores que, según argumenta, ha sido alimentada por el diseño de las redes sociales. “En todo el país, los niños están pidiendo ayuda”, afirmó ante el tribunal, subrayando la urgencia de implementar medidas correctivas.

El litigio forma parte de una ofensiva más amplia liderada por el fiscal general Raúl Torrez, quien acusa a Meta de desarrollar productos diseñados para generar adicción en menores y de no protegerlos adecuadamente frente a riesgos como la explotación sexual. La empresa, por su parte, ha rechazado estas acusaciones y ha defendido las medidas de seguridad que asegura haber implementado, indica Reuters.

Un caso que avanza hacia una fase decisiva

El juicio actual corresponde a la segunda etapa del proceso judicial iniciado por Nuevo México. En marzo, un jurado ya determinó que Meta violó la ley estatal de protección al consumidor al presentar de forma engañosa la seguridad de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp para usuarios jóvenes.

Como resultado de esa primera fase, la compañía fue condenada a pagar USD $375 millones en daños. Sin embargo, Meta ha indicado que apelará ese veredicto, lo que mantiene abierta la disputa legal.

En esta nueva etapa, el juez deberá decidir si las plataformas de Meta constituyen una “molestia pública” bajo la legislación estatal. Este concepto jurídico, tradicionalmente aplicado a problemas como contaminación o riesgos para la seguridad pública, ha sido utilizado en años recientes en litigios relacionados con tabaco, opioides y cambio climático.

La posible aplicación de esta figura al ámbito de las redes sociales representa un terreno legal poco explorado, lo que explica el alto nivel de atención que ha generado el caso entre reguladores, empresas tecnológicas y analistas.

Debate sobre el alcance de la responsabilidad

Durante el proceso, los abogados de Meta han cuestionado la base legal de la demanda, argumentando que el estado no ha demostrado una afectación a un “derecho público” como el acceso al aire o al agua. Según Alex Parkinson, representante legal de la compañía, los daños alegados corresponden a casos individuales y no justifican la aplicación del concepto de molestia pública.

Parkinson advirtió que aceptar este argumento podría sentar un precedente amplio y problemático. “Si las redes sociales son una molestia pública, entonces también lo serían el alcohol por conducir ebrio, los teléfonos móviles por distracción al volante o los supermercados por vender comida poco saludable”, señaló ante el juez.

Este planteamiento refleja una preocupación más amplia dentro de la industria tecnológica, que teme que el caso abra la puerta a una ola de litigios con consecuencias regulatorias significativas.

Por otro lado, el equipo legal de Nuevo México sostiene que la magnitud del impacto social de las plataformas justifica una intervención más amplia, especialmente considerando la escala de usuarios afectados y los riesgos asociados al uso intensivo por parte de menores.

Medidas propuestas y preocupaciones judiciales

El estado no solo busca una compensación económica, sino también la implementación de cambios estructurales en las plataformas de Meta. Entre las medidas propuestas se incluyen sistemas obligatorios de verificación de edad, rediseño de algoritmos para priorizar contenido de mayor calidad para menores y la eliminación de funciones como el desplazamiento infinito y la reproducción automática.

Estas propuestas han generado inquietud incluso dentro del tribunal. El juez Bryan Biedscheid expresó preocupaciones sobre el alcance de las medidas solicitadas, señalando que podrían constituir un exceso de autoridad judicial.

“No soy legislador ni regulador”, afirmó el juez, destacando la necesidad de evitar que el tribunal se convierta en una instancia que dicte políticas públicas más allá de su competencia. Esta observación introduce un elemento clave en el caso: el equilibrio entre reparación de daños y límites institucionales.

Meta, por su parte, ha indicado que está dispuesta a implementar mejoras en seguridad infantil, pero considera que los cambios exigidos por el estado equivalen a una reestructuración regulatoria que debería ser definida por el poder legislativo.

Un caso con impacto potencial a nivel nacional

El proceso en Nuevo México se inscribe en un contexto más amplio de litigios contra empresas tecnológicas en Estados Unidos. Cientos de demandas similares han sido presentadas por estados, municipios y distritos escolares, acusando a compañías de redes sociales de contribuir a una crisis de salud mental entre jóvenes.

El desenlace del caso podría influir en la forma en que se abordan estas demandas en el futuro, estableciendo precedentes sobre la responsabilidad legal de las plataformas digitales y el alcance de las medidas correctivas que pueden imponerse.

Meta ya ha advertido a sus inversores que el aumento de la presión regulatoria y legal, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, podría afectar de manera significativa sus resultados financieros y su modelo de negocio.

En este escenario, el caso no solo pone en juego la responsabilidad de una empresa específica, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre el rol de las redes sociales en la sociedad y los límites de su regulación en un entorno digital cada vez más complejo.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

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