Por Canuto  

Una investigación periodística puso bajo escrutinio un ambicioso resort cripto en Timor-Leste tras detectar la participación de figuras luego sancionadas por Estados Unidos por sus presuntos lazos con Prince Group, conglomerado acusado de fraude, lavado de dinero y operaciones de estafa a gran escala en Asia.

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  • Tres personas vinculadas al proyecto del AB Digital Technology Resort fueron sancionadas por autoridades estadounidenses por su relación con otro desarrollo conectado con Prince Group.
  • El presidente José Ramos-Horta confirmó que otorgó un pasaporte diplomático al empresario Lin Xiaofan, promotor del proyecto, aunque dijo que lo cancelaría si se prueban vínculos con Prince Group.
  • El caso reaviva las alertas sobre la posible infiltración de redes criminales transnacionales en Timor-Leste, un país que recientemente abrió la puerta al juego online offshore.

 

El proyecto de un resort cripto de lujo en Timor-Leste, presentado como una apuesta futurista para atraer inversión tecnológica y filantropía, quedó rodeado de sospechas tras una investigación que detectó conexiones entre varios de sus participantes y personas sancionadas por Estados Unidos por su presunta relación con Prince Group.

La iniciativa, denominada AB Digital Technology Resort, había sido promocionada como un desarrollo pionero junto a la costa de Dili. Sin embargo, una visita al terreno señalado para la obra encontró un lote vacío, cubierto de arbustos y separado del aeropuerto por una cerca de alambre de púas.

Las revelaciones incrementan la presión sobre Timor-Leste, una nación pequeña y vulnerable que ya enfrenta advertencias locales e internacionales sobre el riesgo de que redes del crimen transnacional se infiltren mediante inversiones, apuestas online y estructuras empresariales opacas.

Un resort ambicioso que hoy deja más preguntas que respuestas

El desarrollo fue anunciado en junio de 2025 como un complejo de gran escala frente al mar, con villas de lujo y una narrativa que mezclaba blockchain, turismo premium y causas benéficas. Parte de sus supuestas ganancias, según el material promocional, sería destinada a la filantropía.

Pero la investigación de cuatro meses realizada por The Guardian junto con el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) encontró que el proyecto estaba lejos de exhibir avances visibles. En febrero, el sitio propuesto en Tasi Tolu, Dili, seguía vacío.

Con el paso de las indagaciones, además, fueron desapareciendo del ecosistema digital de AB varias referencias al resort. Se retiró el anuncio del proyecto, se eliminaron publicaciones en redes sociales y también se modificaron secciones del sitio web relacionadas con el equipo y la estructura del grupo.

Los accionistas de la empresa del resort sostuvieron que el desarrollo seguirá adelante. Aun así, persisten dudas sobre su financiamiento, su propósito real y la solidez de los planes presentados ante las autoridades del país.

Las sanciones y la sombra de Prince Group

El punto más delicado de la investigación gira en torno a tres personas vinculadas al proyecto en Timor-Leste: Yang Jian, Yang Yanming y Shih Ting-yu. Los tres fueron sancionados por autoridades estadounidenses en octubre de 2025 por su participación en otro proyecto inmobiliario relacionado con Prince Group en Palaos.

Prince Holding Group, con sede en Camboya, fue sancionado por el Tesoro de Estados Unidos en octubre del año pasado. Las autoridades acusaron a su fundador, Chen Zhi, de conspiración para fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero, además de describir al grupo como una de las mayores organizaciones criminales transnacionales de Asia.

Según las acusaciones estadounidenses, el conglomerado operaba complejos utilizados para ciberfraude a escala industrial, apoyados en tráfico de personas, esclavitud moderna y esquemas de estafa conocidos como pig-butchering. En ese contexto, fueron incautados BTC equivalentes a USD $15.000.000.000 y se congelaron activos en varias jurisdicciones.

Prince Group negó esas acusaciones y sostuvo previamente que carecen de fundamento. También afirmó que el caso busca la confiscación ilegal de miles de millones de dólares en activos.

Yang Jian figuró como accionista mayoritario de AB Digital Technology Resort LDA cuando la empresa fue registrada en junio de 2025. Sin embargo, registros mercantiles muestran que fue removido pocos días después de que se anunciaran las sanciones.

Yang Yanming y Shih Ting-yu fueron contratados para trabajar en el proyecto del resort en Timor-Leste, pero luego fueron despedidos. Shih confirmó por teléfono que trabajó para Yang Yanming, aunque negó conocer el proyecto timorense o cualquier vínculo con Prince Group.

Por su parte, Yang Yanming dijo que quedó profundamente conmocionado por las sanciones, rechazó haber participado en conductas ilegales y negó cualquier asociación con Prince Group. Aseguró que sus interacciones con Chen Zhi se limitaron a cenas casuales y conversaciones simples, incluso en Singapur en marzo de 2023.

Conexión con World Liberty Financial respaldado por Trump

Según el informe de OCCRP y The Guardian Australia, la red AB (AB Network), detrás del proyecto del resort, anunció en noviembre de 2025 una asociación con World Liberty Financial (WLFI), el proyecto de criptomonedas respaldado por la familia del presidente Donald Trump. Esta partnership otorgó a AB el derecho a utilizar el stablecoin USD1 en su blockchain AB Chain.

La colaboración se produjo tras una serie de anuncios de alto perfil de AB, que ha promovido vínculos con figuras políticas globales y ha listado a ex líderes mundiales como asesores de su brazo sin fines de lucro registrado en Irlanda.

World Liberty Financial, fundada en 2024 por socios que incluyen empresas afiliadas a las familias Trump y Witkoff, afirmó haber realizado due diligence sobre AB y declaró que no fue informada sobre el resort ni sobre los individuos vinculados al proyecto en Timor-Leste. Abogados de la compañía indicaron a los investigadores que está “comprometida con prácticas responsables y cumplimiento” y que las afirmaciones de vínculos con figuras sancionadas son “infundadas y falsas”.

Material promocional del desarrollo en Timor-Leste fue removido de los sitios web de AB después de que los reporteros de OCCRP comenzaran a hacer consultas. Lin Xiaofan afirmó que el proyecto permanece activo pero que AB ya no está involucrado, y proporcionó documentación que muestra que la partnership fue terminada en noviembre.

A pesar de distanciarse de los individuos sancionados, AB continúa promoviendo su asociación con World Liberty Financial y su red de asesores políticos. La colaboración hasta ahora ha producido una adopción limitada del stablecoin de World Liberty en la blockchain de AB, con un suministro máximo total de alrededor de 3,6 millones de dólares y poco más de 3.000 holders.

El informe también identifica a dos figuras previamente no divulgadas: el desarrollador de software Sui Chenggang (Jacky Sui) y el empresario Lin Xiaofan como actores clave dentro de la red AB. Sui se describió como “iniciador” del ecosistema AB y amigo de larga data de Lin. Lin dijo que jugó un rol principal en el proyecto del resort en Timor-Leste y que introdujo a Sui ante ejecutivos de World Liberty.

Una imagen nunca antes vista muestra a Donald Trump Jr. y Zach Witkoff, el hijo del “enviado de paz” de Trump, reunidos en Singapur en octubre pasado con Jacky Sui.

Timor-Leste, entre la apertura económica y el riesgo de infiltración criminal

El caso se produce en un momento delicado para Timor-Leste. En 2024, el país legalizó el juego online offshore, una decisión que abrió la puerta a nuevos inversionistas y que algunos promovieron como una oportunidad para convertir al territorio en la próxima Malta de Asia.

Sin embargo, esa apertura vino acompañada de crecientes temores por la posible entrada de capitales ilícitos. En agosto se realizó una redada contra una supuesta operación de estafas en Oecusse, aunque no hay indicios de que ese caso esté relacionado con el resort AB.

En septiembre, Naciones Unidas advirtió sobre la infiltración de grupos de crimen organizado transnacional no identificados a través de inversiones en empresas timorenses. Después, en noviembre, líderes de la sociedad civil enviaron una carta al primer ministro Xanana Gusmão reclamando medidas urgentes.

Entre sus pedidos figuraban la revisión y cancelación de pasaportes diplomáticos y de trabajo otorgados a no ciudadanos, así como una investigación internacional independiente. El documento afirmaba que la población no luchó por la independencia para entregar su soberanía a cárteles criminales.

Ágio Pereira, ministro de la presidencia del consejo de ministros, también lanzó una advertencia: dijo que Timor-Leste corría el riesgo de convertirse en “un parque de atracciones para sindicatos criminales” y habló del ingreso de “maletas llenas de dinero sucio” al país.

Para analistas regionales, el asunto también preocupa por su cercanía con Australia. El profesor Michael Leach señaló que durante dos décadas la política exterior de la región ha advertido sobre el riesgo de que Estados vecinos se conviertan en refugios para el crimen internacional.

El rol de Lin Xiaofan y el pasaporte diplomático

Otro personaje central es Lin Xiaofan, conocido en Dili como Frank Lin. El empresario, originario de Guangdong, se presentó como representante de la llamada AB Charity Foundation y como uno de los impulsores del resort digital.

No hay indicios de que Lin esté sancionado ni de que sea miembro de Prince Group. Tampoco ha sido acusado de delitos. Aun así, su papel despertó interés por su cercanía con figuras políticas de Timor-Leste y por la amplitud de sus gestiones dentro del país.

El presidente José Ramos-Horta explicó que Lin le fue presentado como un empresario de internet de primera generación en China, interesado en hacer negocios legítimos en el país. El mandatario dijo que, si las propuestas eran genuinas, veía con buenos ojos atraer tecnología, blockchain e inversión.

Ramos-Horta también señaló que Lin facilitó donaciones para la nación. Entre ellas mencionó cerca de 100 portátiles, 70 computadoras de escritorio, vitaminas para niños y adultos, así como una promesa pública de AB Foundation de aportar USD $500.000 a su programa de becas.

Sin embargo, Bertie Ahern, ex taoiseach de Irlanda y codirector de la fundación registrada en ese país, dijo que no sabía nada sobre esas donaciones. Lin respondió que otro director le había autorizado a realizarlas desde su cuenta personal porque la organización aún no tenía cuenta bancaria.

Ramos-Horta confirmó además que concedió a Lin un pasaporte diplomático y el cargo de asesor especial del presidente para asuntos económicos, comerciales, sociales y humanitarios en Asia-Pacífico. Una carta fechada el 28 de julio, revisada por los periodistas, solicitó la emisión del documento, que fue expedido ese mismo día.

Inicialmente, el presidente dijo que el pasaporte era por seis meses a un año. Pero una copia mostraba vigencia hasta julio de 2030. Más tarde afirmó que puede cancelarlo en cualquier momento y que lo haría si se prueba un nexo entre Lin y Prince Group.

El mandatario negó haber obtenido beneficio personal y dijo que su única motivación era ayudar al desarrollo nacional. Reconoció, no obstante, que entregar credenciales diplomáticas a un inversionista puede parecer inusual, aunque lo justificó como una forma de dar prestigio a personas que supuestamente pueden atraer capital.

La nebulosa estructura del ecosistema AB

La investigación también expuso la complejidad del entramado AB. AB DAO se describe como una organización comunitaria y no como una entidad legal. AB Chain, por su parte, se presenta como una red blockchain de código abierto.

Existen además dos fundaciones separadas con el nombre AB. Una está registrada en Irlanda y busca operar como entidad sin fines de lucro. La otra aparece como una compañía inscrita en Islas Caimán.

El empresario chino Jacky Sui se describió como “iniciador” del ecosistema AB y amigo de larga data de Lin. Según explicó, es la entidad de Islas Caimán la que respalda los proyectos de AB DAO, no la fundación irlandesa.

Ahern, quien aparecía citado en material promocional del resort, negó que esa cita fuera suya. También dijo no conocer el plan en Timor-Leste ni donaciones hechas en nombre de la fundación irlandesa.

Wen Danjing, la otra directora de la fundación de Irlanda, sostuvo que esa organización no tiene conexión con Prince Group ni con individuos criminales. Añadió que la relación con AB DAO se limitaba a cooperación en actividades benéficas.

Tras las consultas periodísticas, apareció en el sitio web de AB un gráfico explicando el papel de cada entidad. También se publicó que AB DAO, la fundación de Irlanda y la empresa del resort en Timor-Leste firmaron un memorando de entendimiento que luego fue rescindido formalmente el 27 de noviembre.

Ese documento, revisado por los investigadores, estipulaba que entre 5% y 10% de las ganancias del resort irían a la fundación irlandesa. Sui y Lin dijeron que el acuerdo era preliminar y se anuló rápidamente tras las sanciones, sin que se moviera dinero.

Las dudas del presidente y el futuro del proyecto

Con el correr del tiempo, Ramos-Horta dijo haber desarrollado escepticismo sobre el resort. Afirmó que la propuesta parecía existir más en la imaginación de sus promotores que en documentos serios de negocio.

Según el presidente, Lin y la fundación nunca le presentaron estudios de viabilidad ni planes de negocio convincentes. Lin respondió que la documentación se estaba entregando a las autoridades competentes y que el proyecto estaba contratando a un nuevo director general.

El mandatario también relató momentos de incomodidad, como cuando Lin ofreció equipo de visión nocturna para reforzar el sistema de vigilancia de su residencia. Dijo además que, al conocer los vínculos del proyecto con personas asociadas a Prince Group, acudió a investigadores policiales internacionales.

En mensajes previos transmitidos por un asistente, Ramos-Horta advirtió a Lin que no “jugara” con él. Explicó que su inquietud central era si el resort era un emprendimiento real con dinero limpio o si podía servir para lavar capitales.

“¿Es realmente un resort, o solo palabrería?”, resumió el presidente. Lin rechazó cualquier conexión con Prince Group, aseguró que nunca participará en crímenes y definió el proyecto como una actividad comercial normal y legal.

Por ahora, el terreno sigue vacío. Mientras tanto, el caso se convirtió en una señal de alerta sobre cómo proyectos ligados al discurso cripto, la filantropía y la innovación pueden cruzarse con estructuras opacas en jurisdicciones frágiles, donde la necesidad de inversión convive con una capacidad limitada de supervisión.

Según datos del FBI de 2025, los estadounidenses perdieron casi 21.000 millones de dólares en estafas online el año pasado, con más de 11.000 millones relacionados con criptomonedas. El caso resalta los riesgos continuos en el ecosistema cripto, incluso en proyectos con conexiones políticas de alto perfil.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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