Por Hannah Pérez  

El partido gobernante de Turquía presentó un proyecto de ley para formalizar la tributación de criptomonedas: impuesto del 10% sobre ganancias trimestrales en plataformas reguladas, gravamen de 0,03% por transacción para proveedores de servicios, y la obligación de declarar anualmente si se opera fuera de plataformas licenciadas. La iniciativa también daría al presidente la facultad de ajustar la retención entre 0% y 20%.

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  • Partido gobernante de Turquía presentó un proyecto de ley que busca formalizar la tributación de criptomonedas.
  • El proyecto propone una retención trimestral del 10% sobre ganancias cripto en plataformas reguladas. 
  • Introduce un impuesto de transacción del 0,03% para proveedores de servicios que faciliten operaciones cripto.
  • Faculta al presidente a ajustar la tasa entre 0% y 20%, según diversas variables. 

 

Turquía dio un nuevo paso hacia la institucionalización del mercado cripto. El partido gobernante AK presentó ante el parlamento un amplio proyecto de ley económico que, entre otros cambios, busca formalizar cómo se gravan las ganancias vinculadas a criptomonedas.

La propuesta llega en un momento en que muchos países intentan resolver un dilema común. Quieren permitir innovación financiera y, al mismo tiempo, asegurar control fiscal, trazabilidad y coherencia con el marco financiero existente.

En la práctica, el borrador plantea dos tipos de cargas: una retención sobre ganancias y un impuesto por transacción. Además, define responsabilidades para plataformas e intermediarios, y establece qué ocurre con quienes operan fuera de los canales licenciados.

Impuesto del 10% sobre ganancias cripto

El núcleo de la iniciativa es una retención del 10% sobre las ganancias en plataformas de criptomonedas reguladas bajo la Ley de Mercados de Capital de Turquía. La retención se realizaría de forma trimestral, según el texto presentado ante la Gran Asamblea Nacional.

El alcance del impuesto es amplio y aplicaría independientemente de si se trata de una persona o una compañía, y sin importar si es residente o no. Con ello, la norma busca cubrir tanto la actividad doméstica como la participación extranjera en plataformas reguladas.

La retención trimestral apunta a reducir la brecha entre la realización de la ganancia y la recaudación. En términos fiscales, este tipo de mecanismo suele usarse para elevar el cumplimiento y disminuir el riesgo de subdeclaración, ya que el recaudo ocurre en el punto de intermediación.

El borrador también delimita el universo de plataformas sujetas a estas obligaciones. Se refiere a aquellas que están reguladas bajo la normativa de mercados de capital del país, conectando explícitamente el trato fiscal con el andamiaje financiero ya vigente.

Gravamen de 0,03% por transacción para proveedores

Además de la retención sobre ganancias, el proyecto incorpora un impuesto de transacción del 0,03%. Este gravamen recaería sobre proveedores de servicios que faciliten transacciones con criptomonedas, y se calcularía sobre el monto de venta o el valor de mercado de los activos manejados.

El diseño de un impuesto por transacción suele tener implicaciones operativas directas. Puede afectar costos de intermediación y, dependiendo de la implementación, modificar hábitos de trading o la elección entre operar dentro o fuera de plataformas reguladas.

En el texto se establece que las “entregas” de criptomonedas sujetas al impuesto de transacción quedarían exentas del impuesto al valor añadido (IVA). Con esto, el borrador intenta evitar una doble carga, al separar el cobro transaccional del tratamiento típico de consumo.

Para el ecosistema, este punto es clave porque define cómo convivirán los tributos entre sí. La claridad sobre IVA y tributos específicos puede incidir en la forma en que las empresas estructuran sus operaciones, y en el costo final que enfrenta el usuario.

Exchanges deberán cuidar cumplimiento

El proyecto asigna responsabilidades de cumplimiento a corredores de criptomonedas y otros intermediarios. Ellos serían responsables de realizar verificaciones fiscales con base en los registros que mantengan, según lo descrito en el borrador legislativo.

El texto plantea que, si un usuario entrega información incorrecta o incompleta, las autoridades fiscales perseguirían a esa persona por cualquier déficit que se genere. Este enfoque refuerza la idea de que la trazabilidad se construye desde la infraestructura del mercado.

Para los proveedores, implica mayores exigencias internas de registro, conservación de datos y procedimientos, incluso antes de considerar aspectos tecnológicos como custodia o administración de billeteras.

Para los usuarios, la norma sugiere que el costo de omisiones o errores no se diluye en el intermediario. La responsabilidad final, de acuerdo con el proyecto, recaería en el contribuyente cuando haya información insuficiente o equivocada.

Definiciones legales y lazo con la Ley de Mercados de Capital

Otro componente del borrador es la estandarización de definiciones. El proyecto establece que términos como “activo de criptomoneda”, “billetera” y “plataforma” tendrán el mismo significado que en la Ley de Mercados de Capital de Turquía.

Este detalle puede parecer técnico, pero es importante. Cuando un régimen fiscal usa definiciones distintas a las del regulador financiero, se abren huecos interpretativos. Al vincularse a una ley existente, la propuesta intenta reducir ambigüedades y disputas sobre alcance.

En términos de política pública, también sugiere una intención de integrar el mundo cripto al marco financiero tradicional. En vez de tratarlo como un sistema separado, se lo encuadra dentro de la arquitectura normativa que ya regula a los actores del mercado de capitales.

El presidente podría ajustar la tasa entre 0% y 20%

El proyecto no solo fija una retención del 10%, sino que delega en el presidente la facultad de modificar esa tasa. Según el borrador, podría bajarla a 0% o subirla hasta 20%, dependiendo de criterios específicos.

Los factores mencionados incluyen el tipo de token, el tiempo durante el cual se mantuvo, quién lo emitió o el tipo de billetera utilizada. Con ello, la norma abre la puerta a un tratamiento diferenciado por características del activo o del comportamiento del inversionista.

Este diseño muestra una preferencia por flexibilidad ejecutiva. En mercados que cambian rápido, esa flexibilidad puede acelerar ajustes, aunque también puede elevar la sensibilidad del sector a decisiones de política económica de corto plazo.

El borrador también aborda el comportamiento de quienes operan fuera de las plataformas licenciadas. Establece que los inversionistas que no usen esos canales deberán declarar sus ganancias anualmente.

Otros cambios y fecha de entrada en vigor

El proyecto se inserta en un paquete económico más amplio que modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley de Impuestos sobre el Gasto. Además de lo cripto, incluye medidas que afectan otras áreas del sistema tributario y de exenciones.

Entre los puntos señalados, el borrador excluye a los hospitales universitarios de fundación de exenciones del impuesto corporativo a partir de 2027. Aunque no es una disposición cripto, forma parte del mismo marco de cambios fiscales presentado al parlamento.

En cuanto al calendario, el texto indica que las disposiciones sobre criptomonedas entrarían en vigor dos meses después de su publicación, siempre que sean aprobadas. Ese plazo pretende dar margen de adaptación a plataformas, intermediarios y contribuyentes.

Según informó CoinDesk citando a la agencia estatal Anadolu Ajansı, el proyecto ya fue introducido ante la Gran Asamblea Nacional de Turquía. Ahora queda sujeto al proceso legislativo que determinará su aprobación final y los detalles de su implementación.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por DiarioBitcoin

Imagen generada con herramienta de IA, bajo licencia de uso libre

 


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