Por Canuto  

La batalla judicial en torno a Tornado Cash suma un nuevo capítulo. Los fiscales de Nueva York rechazaron el intento del cofundador Roman Storm de usar un fallo de derechos de autor como apoyo para su defensa.

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  • La fiscalía del SDNY afirmó que el caso Cox Communications v. Sony Music Entertainment no guarda relación con los cargos que enfrenta Roman Storm.
  • Storm ya fue condenado por conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, pero el jurado no logró consenso en dos cargos más.
  • El caso sigue siendo clave para el ecosistema cripto porque podría influir en cómo se juzga a desarrolladores de código abierto.

 

La fiscalía de Estados Unidos rechazó el argumento del cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, para intentar obtener una absolución en el proceso que sigue abierto en su contra. El nuevo escrito fue presentado por Jay Clayton, fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, quien cuestionó de forma directa la estrategia de la defensa.

Según la presentación judicial, Storm no debería poder apoyarse en un caso civil de derechos de autor decidido por la Corte Suprema en 2026 para sostener que no tuvo la intención de participar en los delitos que se le imputan. Para la fiscalía, esa comparación no solo es improcedente, sino también irrelevante frente a las acusaciones concretas del caso Tornado Cash.

La disputa legal vuelve a poner en primer plano uno de los debates más sensibles del sector cripto. El centro de la discusión es hasta qué punto un desarrollador de software de código abierto puede ser considerado responsable por el uso que terceros hagan de una herramienta diseñada para preservar privacidad financiera en blockchain.

La fiscalía rechaza la comparación con el caso Cox

En el documento presentado el martes ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, Clayton sostuvo que el supuesto uso delictivo de Tornado Cash por parte de Storm era “maquillaje de escaparate en el mejor de los casos y una distracción descarada en el peor”. Con esa frase, el fiscal atacó de frente la línea argumental de la defensa.

Los abogados de Storm habían informado el jueves anterior que planeaban invocar el caso Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment, según reportó Cointelegraph. Su intención era utilizar esa decisión como parte de un argumento sobre la supuesta falta de intención criminal del cofundador de Tornado Cash en relación con los cargos que todavía siguen en disputa.

Esos cargos son conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para violar sanciones. Clayton respondió que la conducta atribuida a Storm “no guarda ninguna semejanza” con la del litigio Cox, el cual trataba sobre responsabilidad civil por infracción de derechos de autor, no sobre delitos financieros ni evasión de sanciones.

El fiscal añadió que no había pruebas de que Storm hubiera implementado medidas eficaces contra el lavado de dinero. En su escrito afirmó: “La conducta del acusado simplemente no es comparable con la conducta en cuestión en Cox. En cualquier caso, un caso civil de derechos de autor no tiene ninguna relevancia aquí en primer lugar”.

Qué ha pasado hasta ahora en el juicio de Roman Storm

El caso judicial ya produjo un resultado parcial en agosto del año pasado. Un jurado condenó a Storm por conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, pero no logró alcanzar un veredicto respecto de los otros dos cargos, lo que dejó abierta la posibilidad de un nuevo juicio.

Esa falta de consenso en el jurado permitió a la fiscalía seguir adelante con su intento de reprocesarlo por conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para violar sanciones. Hasta el martes, sin embargo, todavía no se había fijado una fecha definitiva para esa nueva instancia.

Clayton ya solicitó a un juez federal que considere un nuevo juicio en octubre. Antes de cualquier decisión final, fiscales y abogados defensores tienen previsto reunirse el jueves, en un encuentro que podría ayudar a definir el curso inmediato del litigio.

El proceso ha sido seguido con especial atención por empresas, desarrolladores y defensores de la privacidad en el ecosistema cripto. Para muchos observadores, el juicio puede sentar un precedente importante sobre la diferencia entre crear infraestructura tecnológica y participar activamente en hechos delictivos cometidos por usuarios.

Un caso clave para desarrolladores de código abierto

Tornado Cash es conocido como un servicio de mezcla de criptomonedas. Este tipo de herramientas busca dificultar el rastreo entre direcciones en redes públicas, algo que para algunos usuarios representa una función legítima de privacidad, pero que para las autoridades también puede facilitar operaciones ilícitas si no existen controles suficientes.

Por esa razón, el caso contra Storm no se limita a una discusión penal individual. También toca una pregunta más amplia sobre si escribir, desplegar o mantener código puede derivar en responsabilidad criminal cuando el protocolo es utilizado por terceros para lavar fondos o para violar sanciones internacionales.

Storm ha insistido públicamente en que está siendo perseguido “por escribir código de fuente abierta”. En una publicación de X de marzo, recordó que los dos cargos pendientes podrían implicar hasta 40 años en una prisión federal y afirmó que nunca controló el protocolo ni tocó las transacciones cuestionadas.

En ese mismo mensaje sostuvo que un jurado ya había sido incapaz de concluir que su conducta fuera criminal, pero que los fiscales del SDNY querían intentarlo otra vez con la esperanza de obtener una respuesta distinta. Esa declaración reforzó la percepción de que el caso podría convertirse en un símbolo para la comunidad de desarrolladores blockchain.

El cambio político en el DOJ añade incertidumbre

La evolución del caso también coincide con movimientos recientes en la cúpula del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La semana pasada, el presidente Donald Trump despidió a la fiscal general Pam Bondi y designó al fiscal general adjunto Todd Blanche como jefe interino del DOJ hasta que el Senado vote por un reemplazo.

Blanche, quien anteriormente fue abogado personal de Trump, redactó además un memorando en abril de 2025 en el que pidió poner fin a lo que describió como “regulación mediante procesamiento” dentro del Departamento de Justicia. Aunque no mencionó a Storm por su nombre, el texto llamó la atención en la industria.

De acuerdo con ese memorando, el departamento “no emprenderá acciones contra las plataformas que las empresas criminales utilizan para llevar a cabo sus actividades ilegales” y pidió terminar con los casos que no fueran compatibles con ese objetivo. Storm citó ese documento en su defensa pública para cuestionar la continuidad del proceso en su contra.

No está claro, sin embargo, cómo Blanche podría usar su nueva posición para cambiar la política del DOJ ni cuánto tiempo permanecerá como fiscal general interino. Por ahora, la respuesta formal presentada por Clayton indica que, al menos en el SDNY, la fiscalía mantiene intacta su intención de seguir adelante con los cargos pendientes.

La cobertura de Cointelegraph subraya que el expediente sigue siendo una referencia central en el debate regulatorio y penal sobre herramientas de privacidad en blockchain. También coincide con iniciativas de legisladores estadounidenses que buscan proteger a los desarrolladores de blockchain frente a procesos penales por el funcionamiento de protocolos descentralizados.

En ese contexto, la próxima reunión entre fiscales y defensa podría ofrecer señales sobre el calendario del caso y sobre la disposición del tribunal a abrir un nuevo juicio. Mientras tanto, Roman Storm continúa en el centro de una disputa que trasciende su situación personal y pone a prueba los límites legales del software abierto en la industria cripto.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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