Por Canuto  

David Friedberg lanzó una dura crítica al rumbo político y fiscal de California, al advertir que el estado enfrenta una combinación peligrosa de promesas públicas difíciles de financiar, impuestos cada vez más altos y una creciente salida de líderes tecnológicos y startups hacia otros territorios como Nevada.
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  • Friedberg afirmó que cerca de un tercio de las personas con las que habla ya dejó California y que un sondeo informal entre líderes tecnológicos arrojó que casi 87% planea irse.
  • El inversionista vinculó la crisis del estado con pensiones públicas insuficientemente financiadas, programas costosos y una estructura de gasto que, a su juicio, ya no puede sostenerse.
  • También advirtió que un impuesto a la riqueza en California podría sentar un precedente más amplio contra la propiedad privada en Estados Unidos.

David Friedberg, inversionista y empresario tecnológico, lanzó una de sus críticas más duras contra California durante una conversación con Chris Williamson. En ese intercambio, sostuvo que el estado atraviesa un deterioro político y fiscal profundo, y que ese proceso ya estaría impulsando la salida de parte de su base empresarial y tecnológica.

La discusión apareció en el contexto del video The Political Disaster That Is California – David Friedberg, publicado el 7 de abril de 2026 por Chris Williamson. Allí, Friedberg describió a California como un sistema atrapado por promesas políticas crecientes, una carga tributaria extrema y pasivos que, según dijo, el estado no puede cubrir.

Para lectores menos familiarizados con el tema, el debate es relevante más allá de la política local. California ha sido por décadas uno de los grandes centros globales de innovación, capital de riesgo y creación de empresas. Cualquier cambio en su clima fiscal o regulatorio puede alterar flujos de talento, inversión y emprendimiento, especialmente en sectores como inteligencia artificial, software, blockchain y finanzas digitales.

La tesis central de Friedberg es que el modelo de expansión del gasto público llegó a un punto crítico. A su juicio, el éxito económico de Silicon Valley permitió financiar durante años una serie de compromisos y programas que hoy pesan sobre el presupuesto del estado con una magnitud difícil de sostener.

Éxodo tecnológico y clima de incertidumbre

Uno de los puntos más llamativos de su intervención fue la percepción de una salida acelerada de empresarios y ejecutivos. Friedberg dijo que, en su experiencia personal, probablemente un tercio de las personas con las que habla ya dejó California. Añadió que, en un sondeo informal realizado en un grupo y luego difundido públicamente, cerca de 87% de los participantes afirmó que planea irse.

Según su relato, ese sentimiento no se limita a grandes fortunas o figuras conocidas. También alcanzaría a directores ejecutivos de startups emergentes que están creciendo con fuerza y que, aun así, ya estudian mudar operaciones o domicilio fiscal fuera del estado.

Como ejemplo, mencionó una empresa que evaluaba trasladarse dentro de California, desde el sur hacia el norte, pero que terminó considerando una salida a Nevada. Para Friedberg, ese giro revela un temor creciente sobre lo que podría venir después en materia regulatoria y tributaria.

Su conclusión es que California atraviesa una especie de “sumidero” estructural. En su visión, la incertidumbre ya no gira solo en torno a impuestos actuales, sino a la expectativa de futuras medidas para cerrar un desequilibrio fiscal que considera cada vez más evidente.

Promesas públicas, gasto y programas cuestionados

Friedberg enmarcó el problema en una crítica amplia al funcionamiento de la política. Según dijo, los políticos suelen ganar elecciones prometiendo más beneficios y más intervención estatal, no recortes ni una reducción del papel del gobierno. El problema aparece cuando esas promesas se acumulan y luego no existen recursos suficientes para cumplirlas.

En el caso californiano, sostuvo que el estado aprovechó los elevados ingresos provenientes de Silicon Valley, de la riqueza generada por el sector tecnológico y de las ganancias de capital para financiar lo que calificó como programas absurdos o ineficientes. Entre sus ejemplos citó el tren bala, al que describió como un “tren a ninguna parte”.

Sobre ese proyecto, afirmó que se han gastado USD $30.000 millones y que el resultado ha sido deficiente. También dijo que seis directores ejecutivos pasaron por la iniciativa y que uno de ellos incluso fue arrestado, aunque no ofreció detalles adicionales en la conversación.

Otro caso mencionado fue un programa para personas sin hogar. Friedberg aseguró que se destinaron USD $220 millones y que solo seis personas lograron salir del ciclo de pobreza en el que se encontraban. Además, recordó el debate sobre la conectividad rural y señaló que, por una cantidad comparable de dinero, se podría haber dado acceso a Starlink a todos los ciudadanos estadounidenses, aunque aclaró que ese punto correspondía a un problema federal más que estatal.

Más allá de las cifras puntuales, su argumento fue que estos programas ilustran un patrón de gasto que erosiona la confianza pública. A su entender, cuando el sistema político promete beneficios imposibles de financiar y además administra mal los recursos, la democracia misma empieza a verse vaciada de sentido por parte de los ciudadanos.

El peso de las pensiones y los pasivos del estado

La parte más grave del diagnóstico de Friedberg se centró en las pensiones públicas de California. Explicó que durante los últimos 12 a 15 años se hicieron cambios al sistema que incrementaron las garantías sobre beneficios de retiro para empleados públicos, pero sin asegurar los fondos necesarios para cubrir esas obligaciones.

De acuerdo con su estimación, el déficit asociado a esos compromisos se ubica entre USD $600.000 millones y USD $1 billón. Esa carga incluiría no solo pensiones, sino también costos cercanos como atención médica prometida a trabajadores sindicalizados y otros beneficios de largo plazo.

Su planteamiento fue directo: las promesas fueron hechas, pero nunca fueron financiadas de forma realista. Cuando llega el momento de pagar, el estado debe decidir cómo llenar el agujero. Esa necesidad, según su lectura, ayuda a explicar por qué hoy aparecen nuevas ideas tributarias y una presión creciente sobre quienes concentran mayores patrimonios.

En ese punto utilizó una imagen fuerte para describir la coyuntura: personas saltando o abandonando un barco en caos. Con esa analogía, resumió lo que considera el momento actual de California, donde los pasivos acumulados estarían empujando decisiones políticas más agresivas y una reacción defensiva de empresas e inversionistas.

El impuesto a la riqueza como línea roja

Friedberg dedicó buena parte de su intervención al llamado “billionaire tax” o impuesto a la riqueza para multimillonarios. Según explicó, la iniciativa surgió a partir de la acción de un sindicato, identificado por él como SEIU UHW, y de un dirigente que impulsó un esquema para cobrar 5% del patrimonio neto a personas con fortunas superiores a USD $1.000 millones.

Su objeción principal no fue solo el impacto sobre los multimillonarios. Para él, el problema de fondo es jurídico y político. Una vez que el Estado adquiere la capacidad de gravar el patrimonio, sostuvo, también obtiene la facultad de modificar luego el umbral y la tasa. Lo que comienza como un 5% de una sola vez para multimillonarios podría terminar, en su hipótesis, como 1% anual o como un impuesto aplicado más abajo, incluso a millonarios o personas con patrimonios mucho menores.

En esa línea, recordó la evolución histórica del impuesto sobre la renta en Estados Unidos. Dijo que se presentó originalmente como un gravamen temporal de 1% sobre ingresos altos, y que con el tiempo se expandió de forma sustancial. Durante la conversación se mencionó que comenzó en 1% para ingresos superiores a USD $3.000 al año y que, entre 1944 y 1945, la tasa máxima alcanzó 94% para financiar la guerra.

Friedberg usó ese ejemplo para sostener que los impuestos excepcionales tienden a normalizarse y ampliarse. En su caso personal, afirmó pagar 53% de impuesto sobre la renta en California y dijo aceptar la obligación tributaria por los servicios del Estado, pero rechazó de forma tajante la idea de un impuesto patrimonial que grave bienes adquiridos con ingresos ya tributados.

Su crítica fue todavía más lejos al advertir que un esquema así obligaría a detallar cada año no solo cuentas bancarias o acciones, sino también autos, arte y otros activos. A su juicio, eso erosiona el derecho de propiedad privada y abre la puerta a que una mayoría política vote para transferir riqueza desde una minoría, en una dinámica que describió como la antesala de un sistema socialista.

Tecnología, IA y la disputa por el futuro

En la parte final de la conversación, Friedberg conectó el debate fiscal con una visión más amplia sobre innovación y prosperidad. Dijo ser profundamente optimista respecto al futuro tecnológico, con avances que, en su visión, podrían traer abundancia, energía barata, automatización y una mejor calidad de vida.

Sin embargo, contrapuso ese optimismo con lo que considera una deriva política pesimista. Según dijo, en vez de facilitar ese futuro, parte del sistema político y social estaría reaccionando con miedo, búsqueda de control y nuevas cargas sobre quienes construyen empresas o desarrollan tecnología.

También afirmó que la inteligencia artificial es hoy, según una encuesta que mencionó sin identificar, el tema con peor imagen pública en Estados Unidos, incluso por encima de figuras políticas. Para él, ese clima narrativo refleja una desconfianza creciente hacia la innovación y hacia los emprendedores tecnológicos.

Su advertencia final fue geopolítica. Si Estados Unidos opta por cerrar el paso a esa dinámica de crecimiento mediante más controles e impuestos, dijo, otros países podrían capturar los beneficios. Mencionó específicamente a China como posible contrapeso, al sugerir que si Washington o California eligen una senda más restrictiva, otras potencias no necesariamente harán lo mismo.

Las declaraciones de Friedberg reflejan una postura ideológica fuerte y claramente crítica del expansionismo estatal. Aun así, ponen sobre la mesa un debate central para 2026 y 2028: cuánto pueden aumentar la carga fiscal y la intervención pública en territorios de alta innovación sin afectar su capacidad de retener talento, capital y nuevas empresas.


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