Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

A pesar de que Coinbase sostiene que hay graves conflictos en torno a la protección al consumidor y a la libre competencia, las empresas del sector de la tokenización de activos no parecen ver problemas, en especial porque establece principios claros para el tratamiento de activos tokenizados.

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  • La decisión de Coinbase llevó al Comité Bancario del Senado a cancelar un debate clave (“markup”) sin nueva fecha.
  • Armstrong advirtió que el borrador pudo ser “catastrófico” para consumidores y eliminar varias líneas de productos de la empresa.
  • Firmas de tokenización discrepan y aseguran que el texto no “mata” las acciones tokenizadas, sino que reafirma que siguen siendo valores.

 

Brian Armstrong, CEO de Coinbase, reiteró que tanto él como el exchange decidieron oponerse a última hora al proyecto de ley sobre activos digitales que se debatiría el día de hoy en EE. UU. Se mantuvo firme en que las premisas establecidas en la propuesta son “seriamente preocupantes”, especialmente para la protección al consumidor y la libre competencia en el mercado.

Armstrong explicó su postura en una entrevista para la cadena CNBC el día de hoy. “El principio general es que no puedes permitir que los bancos entren y traten de matar a su competencia a expensas del consumidor estadounidense”, afirmó, en referencia a la dinámica entre instituciones tradicionales y compañías cripto.

El ejecutivo señaló que Coinbase y otras firmas del sector se mantuvieron comprometidas con las negociaciones hasta muy tarde en el proceso. Sin embargo, indicó que una revisión detallada del borrador, publicado cerca de la medianoche del lunes, reveló elementos inesperados para los participantes de la industria.

Según Armstrong, el texto tenía cientos de páginas. Dijo que contenía apartados que sorprendieron incluso a actores involucrados en las conversaciones, y sostuvo que no era prudente permitir que avanzara sin modificaciones adicionales.

Una cancelación en el Senado tras el retiro de Coinbase

La decisión pública de Coinbase tuvo un impacto inmediato en el calendario legislativo. El Comité Bancario del Senado de EE. UU. decidió no realizar la sesión de “markup” que tenía prevista para el día de hoy, después de que el exchange retirara su respaldo el miércoles.

La medida se sumó a fracturas existentes en las negociaciones. Esas divisiones ya habían dejado la iniciativa en una posición frágil, incluso antes del retiro de Coinbase.

El proyecto, en términos generales, busca aclarar cómo los reguladores federales supervisan la industria cripto en Estados Unidos. No obstante, el avance quedó congelado tras la decisión del comité de posponerlo sin establecer una nueva fecha.

Tim Scott, presidente del Comité Bancario del Senado, confirmó el aplazamiento mediante una declaración difundida la noche del miércoles. Hasta el momento, no se indicó cuándo podría retomarse el proceso de revisión formal del texto.

Armstrong afirmó que Coinbase concluyó que permitir que el proyecto avanzara en su forma actual podía ser “catastrófico” para el consumidor promedio estadounidense. Esa valoración fue el punto de quiebre que llevó a la compañía, y a otros actores del ecosistema, a pasar abiertamente a la oposición.

El CEO matizó que el objetivo no era detener el progreso de forma permanente. Explicó que la intención real era devolver a los legisladores a la mesa y abrir espacio para ajustes que corrigieran los puntos problemáticos identificados.

Armstrong: stablecoins, rendimientos y competencia frente a los bancos

Dentro de sus argumentos, Armstrong insistió en que los bancos no deberían poder usar la regulación para suprimir competencia de empresas cripto. En su visión, el consumidor debería tener acceso a productos que permitan mejorar el rendimiento de su dinero.

El CEO puso como ejemplo las stablecoins. Señaló que allí existe innovación que puede beneficiar tanto a usuarios como a instituciones financieras, si se permite competir en igualdad de condiciones.

Armstrong comparó los retornos actuales del sistema bancario tradicional con alternativas cripto. Dijo que las cuentas de ahorro tradicionales pagan alrededor de 14 puntos básicos en promedio, mientras que los consumidores pueden obtener cerca de 3,8% mediante recompensas vinculadas a stablecoins.

Para el ejecutivo, la solución legislativa debería crear un “campo de juego nivelado” para todas las compañías estadounidenses. Argumentó que la competencia debe decidir qué productos se consolidan, sin que actores incumbentes “pongan el pulgar en la balanza”.

Frente a preocupaciones sobre una posible fuga de fondos desde bancos hacia stablecoins, Armstrong reconoció que las entidades bancarias cumplen un rol relevante en el crédito. Sin embargo, subrayó que las compañías cripto no operan bajo banca de reserva fraccionaria.

Sostuvo que las stablecoins están respaldadas uno-a-uno con reservas. Agregó que, bajo propuestas como el marco GENIUS, estas reservas se mantendrían en bonos del Tesoro estadounidense de corto plazo, lo que describió como un lugar más seguro para que los consumidores almacenen dinero.

Armstrong también planteó que las empresas cripto deberían poder ofrecer préstamos, de forma similar a los bancos. Con ello, sugirió que una regulación equilibrada no solo permitiría innovación en pagos y ahorro, sino también en productos crediticios.

“Preferiría que no haya ley”: el riesgo para productos de Coinbase

Armstrong aseguró que Coinbase seguirá presionando al Congreso para actuar con urgencia. No obstante, enfatizó que cualquier ley aprobada debe estar diseñada para beneficiar los intereses del consumidor.

El CEO fue explícito al advertir que preferiría que no se apruebe ninguna ley, antes que aceptar un texto mal construido. Según dijo, el borrador debatido podría haber eliminado tres o cuatro líneas de productos de Coinbase que actualmente están activas en el mercado.

En su interpretación, el rompimiento en las conversaciones era un paso necesario. Lo describió como una forma de obligar a revisar aspectos clave, mientras la industria sigue buscando un compromiso que legisladores, compañías y consumidores puedan aceptar.

“Vamos a seguir luchando por los derechos de nuestros clientes y por los 52 millones de estadounidenses que usan cripto todos los días”, añadió Armstrong, reforzando el enfoque de la empresa en la defensa de sus usuarios.

Tokenización: el sector que no está de acuerdo con Coinbase

Mientras el proyecto se estanca, algunas firmas que construyen sobre valores tokenizados sostienen que el impacto del borrador no es el que Coinbase teme. Horas después de que Armstrong dijera que el texto equivaldría a una “prohibición de facto” sobre acciones tokenizadas, el comité canceló el “markup” sin fecha de reemplazo.

Sin embargo, representantes relevantes del sector de tokenización presentan otra lectura. Carlos Domingo, CEO de Securitize, dijo a CoinDesk que “el borrador actual no mata las acciones tokenizadas”.

Domingo argumentó que el texto simplemente aclara que estos instrumentos siguen siendo valores. Bajo esa lógica, deben cumplir las reglas existentes, lo que para él representa un paso clave para integrar Blockchain dentro de los mercados tradicionales.

El CEO describió el tira y afloja legislativo como algo “típico y saludable”. Añadió que una legislación de esta magnitud requiere tiempo para quedar correctamente diseñada y que lo que se observa ahora es un proyecto que aún está tomando forma.

Domingo también dijo que el sector está alentado por el progreso y espera que el texto termine protegiendo a desarrolladores e innovación. En paralelo, sostuvo que debe mantenerse la integridad del mercado, un punto central para evitar daños a inversionistas y participantes institucionales.

Gabe Otte, cofundador y CEO de Dinari, también rechazó la interpretación de Coinbase. Afirmó que no ven el proyecto de ley CLARITY como una prohibición de facto para acciones tokenizadas.

En su lectura, el documento reafirma que las acciones tokenizadas permanecen bajo el marco de valores. Por tanto, deben operar dentro de las leyes vigentes y estándares de protección al inversionista.

Superstate, firma de tokenización y gestión de activos liderada por Robert Leshner, coincidió con ese análisis. Su abogado general, Alexander Zozos, dijo a CoinDesk que el valor real del proyecto está en aclarar zonas grises para activos cripto que no son claramente valores.

Zozos sostuvo que las acciones y bonos tokenizados están bajo el paraguas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Añadió que la agencia “ya está en el caso”, citando la iniciativa “Project Crypto” impulsada por el presidente Paul Atkins, y que seguirá aportando claridad incluso sin nuevas directrices legislativas.

En ese marco, Zozos sostuvo que el verdadero “perdedor” de la demora es la clarificación de “territorio regulatorio”. Ese punto es crítico para proyectos que buscan levantar capital y para activos tokenizados cuya clasificación legal es incierta.

Will Beeson, CEO de Uniform Labs, también destacó que el avance continuará. Su empresa desarrolla un protocolo que permite a instituciones intercambiar entre fondos de mercado monetario tokenizados y stablecoins.

Beeson dijo que incluso sin una resolución legislativa inmediata, el impulso hacia activos tokenizados regulados y líquidos sigue. Señaló que las instituciones se preocupan menos por titulares y más por si estos activos pueden moverse, redimirse y reutilizarse sin fricción dentro de flujos financieros.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

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