Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Al exdirectivo de uno de los proyectos más polémicos de su momento se le condenó por delitos de fraude y lavado de dinero, esto tras engañar a miles de inversionistas con falsas promesas comerciales asociadas al token.

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  • La justicia federal de EE. UU. impuso una sentencia de 100 meses de cárcel y decomisos por USD $7.500.000.
  • El Departamento de Justicia probó manipulación de precios y control ilícito de pools de liquidez.
  • Otros implicados enfrentan procesos pendientes, mientras uno sigue prófugo.

 

El exdirector ejecutivo de SafeMoon, Braden John Karony, enfrentará una condena de más de ocho años de prisión tras ser declarado culpable por una serie de delitos federales vinculados a un esquema de fraude contra inversionistas en el sector de activos digitales. La sentencia marca uno de los casos penales más relevantes contra ejecutivos cripto en Estados Unidos.

El castigo fue impuesto esta semana por el tribunal federal del Distrito Este de Nueva York, donde el juez determinó una pena de 100 meses de prisión, equivalente a poco más de ocho años. Además de la condena carcelaria, a Karony le serán confiscados unos USD $7.500.000 y perderá la propiedad de dos residencias adquiridas durante el período investigado por las autoridades federales, detalla CoinDesk.

Según la fiscalía, el caso refleja una estrategia sistemática para engañar a inversionistas minoristas mediante declaraciones falsas y manipulación directa de la infraestructura financiera del proyecto. El proceso judicial se extendió durante varias semanas y culminó con un veredicto que refuerza el endurecimiento del escrutinio penal sobre el sector cripto en Estados Unidos.

Manipulación del token y control ilícito de liquidez

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Karony participó activamente en la manipulación del precio del token SafeMoon y en el control ilegal de los pools de liquidez del proyecto. Estas acciones permitieron, según la acusación, drenar millones de dólares desde la plataforma hacia cuentas controladas por los conspiradores.

La empresa, con sede en el estado de Utah, colapsó tras revelarse irregularidades internas que contradijeron la narrativa pública del proyecto. Las autoridades sostuvieron que los fondos que supuestamente estaban bloqueados para proteger a los inversionistas fueron utilizados para beneficio personal, sin el conocimiento ni consentimiento de los usuarios.

Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas que mostraban cómo las estructuras técnicas del protocolo fueron utilizadas como herramienta para el fraude. El jurado concluyó que existió una conspiración deliberada para engañar al mercado, afectando a miles de personas en distintos estados y perfiles socioeconómicos.

Cargos federales y veredicto del jurado

Tras un juicio de tres semanas, Karony fue condenado por conspiración para cometer fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero. Estos cargos reflejan la amplitud del esquema y la diversidad de mecanismos utilizados para ocultar el origen y destino de los fondos obtenidos de manera ilícita.

La fiscalía argumentó que el uso de comunicaciones digitales y estructuras financieras descentralizadas no exime a los responsables de cumplir la ley. El jurado coincidió en que las acciones del exejecutivo violaron múltiples estatutos federales diseñados para proteger la integridad de los mercados financieros.

El caso fue seguido de cerca por la industria cripto, dado que sienta un precedente relevante sobre la responsabilidad penal de los fundadores y directivos de proyectos basados en tokens. Analistas legales consultados por la prensa especializada señalaron que el fallo podría influir en futuras investigaciones similares.

Reacción de las autoridades y mensaje al mercado

En un comunicado oficial, el fiscal federal John J. Nocella afirmó que Karony “mintió a inversionistas de todos los ámbitos de la vida, incluidos veteranos militares y trabajadores estadounidenses”. Según la declaración, los fondos defraudados fueron utilizados para adquirir mansiones, autos deportivos y camionetas personalizadas, en contraste con las promesas públicas del proyecto.

Nocella subrayó que la oficina del fiscal continuará persiguiendo con firmeza los delitos económicos que dañen a los inversionistas y debiliten la confianza social en la estabilidad y seguridad de los mercados de activos digitales. El mensaje busca disuadir prácticas fraudulentas en un sector que aún enfrenta desafíos regulatorios.

La declaración fue reproducida por medios especializados como CoinDesk, que ha seguido de cerca el desarrollo del caso desde las primeras acusaciones hasta la sentencia final.

Otros implicados y causas pendientes

El proceso judicial también involucró a otros miembros del círculo directivo de SafeMoon. Uno de los co-conspiradores, Thomas Smith, se declaró culpable en febrero de 2025 de cargos por conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico. Hasta el momento, este aún no ha sido sentenciado, según consta en los registros judiciales.

Otro presunto implicado, Kyle Nagy, permanece prófugo y continúa siendo buscado por las autoridades federales. Su situación añade un componente abierto al caso, que podría derivar en nuevos procesos o revelaciones adicionales sobre el funcionamiento interno del proyecto.

En conjunto, el caso SafeMoon se consolida como un ejemplo emblemático de cómo los esquemas fraudulentos pueden desarrollarse incluso dentro de narrativas tecnológicas innovadoras. La sentencia contra Karony refuerza la señal de que los reguladores y fiscales están dispuestos a aplicar con rigor las leyes existentes al ecosistema cripto.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de Unsplash


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