Por Canuto  

El lavado de dinero del narcotráfico está adoptando tácticas propias de la economía digital: intermediarios freelance, encuentros presenciales para cambiar efectivo por cripto y el uso de monedas de privacidad. Reportes de Bloomberg y procesos recientes citados por AP describen un ecosistema que opera con anuncios en línea, comunicaciones cifradas y redes transnacionales, desafiando la capacidad de las autoridades para seguir el rastro del dinero.
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  • Bloomberg describe operaciones de intercambio de “cripto por efectivo” coordinadas mediante anuncios en línea y realizadas en lugares públicos.
  • El uso de monedas de privacidad y canales cifrados impulsa un esquema de lavado más flexible, con intermediarios independientes.
  • Autoridades de EE. UU. buscan golpear a los “brokers” financieros de los cárteles, según reportes de AP sobre casos federales recientes.

 

Una señal de alarma para el ecosistema cripto

La forma en que se lava dinero ilícito está cambiando, y el giro tiene a las criptomonedas y a la economía gig en el centro de la conversación.

Una investigación de Bloomberg News describe cómo organizaciones criminales y sus intermediarios han reemplazado parte de los métodos tradicionales basados en efectivo por esquemas que combinan anuncios en línea, encuentros cara a cara y activos digitales.

El trasfondo es conocido: el narcotráfico sigue generando flujos masivos de dinero en efectivo que deben integrarse a la economía formal sin levantar sospechas. Lo novedoso, según Bloomberg, es la creciente “externalización” de tareas en manos de operadores independientes, que funcionan como piezas intercambiables y se coordinan con herramientas típicas del trabajo freelance.

Para lectores nuevos en el tema, conviene aclarar un punto: que una transacción ocurra “en blockchain” no significa, por sí misma, que sea invisible. Muchas redes son trazables. Sin embargo, la mezcla de conversiones en persona, comunicaciones cifradas y ciertas monedas diseñadas para ocultar información puede dificultar la atribución y el seguimiento, sobre todo cuando hay múltiples saltos entre servicios y jurisdicciones.

El reto para la industria es doble. Por un lado, las plataformas reguladas han avanzado en cumplimiento y monitoreo. Por otro, la aparición de mercados P2P y de corredores informales puede crear rutas paralelas que presionan la reputación del sector y elevan el riesgo de nuevas medidas regulatorias.

“Cripto por efectivo”: la mecánica de un intercambio en público

Bloomberg News relata un ejemplo que ilustra el cambio de época: un operador identificado como David Scotese habría publicado anuncios con una oferta directa, “crypto for cold hard cash”, bajo la promesa de no pedir nombres y no hacer preguntas. Según la nota, las transacciones no ocurrían en oficinas ni en callejones, sino a plena vista en un sitio cotidiano: Victory Park, en Murrieta, California, un lugar asociado a partidos de fútbol infantil y celebraciones familiares.

La escena descrita por Bloomberg busca mostrar la normalización operativa de estos intercambios. Scotese es presentado como un suburbano “poco llamativo”, con lentes de armazón delgado y apariencia cuidada, que se movía en un sedán común. Ese contraste, entre un entorno comunitario y una operación financiera clandestina, es parte del mensaje: el lavado puede camuflarse dentro de dinámicas aparentemente ordinarias.

En el plano técnico, Bloomberg indica que Scotese operaba a través de LocalMonero.co, un servicio de emparejamiento entre compradores y vendedores de Monero. Monero es una criptomoneda conocida como “moneda de privacidad”, porque su diseño busca ocultar detalles de la transacción, lo que complica el análisis forense en comparación con redes más transparentes.

El uso de un mercado de emparejamiento y el componente presencial también reducen la exposición a controles típicos del sistema bancario. Un intercambio directo de efectivo por cripto puede evitar, en algunos casos, alertas asociadas a depósitos repetidos o transferencias bancarias. Aun así, no elimina riesgos, porque el eslabón humano sigue siendo vulnerable a infiltración, vigilancia o errores operativos.

Economía gig aplicada al crimen financiero

Un elemento central del reportaje de Bloomberg es la adopción de una lógica “gig” para el lavado. En lugar de depender de una sola red estable y jerárquica, el esquema puede fragmentarse en tareas: quien recolecta efectivo, quien publica anuncios, quien gestiona wallets, quien hace conversiones, y quien coordina entregas o retiros. Esa modularidad reduce puntos únicos de falla y permite reemplazar operadores con rapidez.

La economía gig, en su versión legítima, se caracteriza por asignación flexible de trabajos, pago por tarea y baja fricción para entrar o salir del mercado. Trasladada al ámbito criminal, esa misma flexibilidad puede traducirse en menor necesidad de confianza personal entre participantes. En la práctica, bastan reputaciones digitales, canales cifrados y reglas operativas simples para mover valor.

Este enfoque también complica la respuesta institucional. No siempre hay una “organización” local con estructura clara que se pueda desmantelar con una sola investigación. En su lugar, pueden existir muchos intermediarios dispersos, conectados por plataformas y por incentivos económicos, que operan en volúmenes pequeños o medianos, pero con alta frecuencia.

La consecuencia es un entorno más parecido a un mercado de servicios que a una banda única. Para investigadores, eso exige capacidades híbridas: trabajo de campo, inteligencia financiera, análisis de cadena y conocimiento de plataformas P2P. También requiere cooperación internacional, porque el ciclo completo del dinero rara vez se queda en una sola ciudad o país.

Autoridades de EE. UU. apuntan a los “brokers” del lavado

En paralelo a la investigación de Bloomberg, la agencia AP reportó el 5 de febrero de 2026 que el Departamento de Justicia de EE. UU. está intensificando esfuerzos para cortar las “líneas financieras” de cárteles mexicanos, al enfocarse en los intermediarios que mueven ganancias de drogas mediante criptomonedas desde ciudades estadounidenses hacia líderes en México. El reporte menciona al Cártel Jalisco Nueva Generación como uno de los grupos involucrados, de acuerdo con fiscales y documentos judiciales citados por AP.

AP describe que las autoridades consideran a estos corredores un “cuello de botella” más efectivo que perseguir únicamente a traficantes de bajo nivel. La lógica es clara: si se reduce la capacidad de repatriar utilidades, se golpea la sostenibilidad operativa del crimen organizado. Además, los casos penales pueden ofrecer información sobre métodos, actores y rutas, si los acusados cooperan.

El reporte de AP señala que cuatro acusados enfrentan cargos federales por conspiración de lavado de dinero en expedientes presentados en una corte federal de Kentucky: Eduardo Rigoberto Velasco Calderon, Eliomar Segura Torres, Manuel Ignacio Correa y Cesar Linares-Orozco. AP también indica que un abogado de Linares-Orozco declinó comentar por correo electrónico, y que en los documentos de la corte no se listaron abogados para los otros tres.

Como contexto político y legal, AP añade que México transfirió a EE. UU. a decenas de imputados en varias tandas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, y que estas transferencias han generado controversia en México. Según AP, algunos abogados y familiares alegan que se vulneraron estándares legales al enviarlos sin orden formal de extradición, mientras el gobierno mexicano sostiene que se trató de acciones legales por razones de seguridad nacional.

Monedas de privacidad, trazabilidad y el dilema de la regulación

La mención de Monero en el relato de Bloomberg pone el foco en un debate recurrente. Las monedas de privacidad tienen usos legítimos, como protección de datos financieros frente a vigilancia masiva. Pero también resultan atractivas para actores que buscan dificultar la identificación de origen, destino y montos, especialmente cuando se combinan con intercambios P2P y conversiones en efectivo.

La tensión es relevante: la misma tecnología que permite soberanía financiera puede habilitar mercados ilícitos si no existen controles adecuados en los puntos de entrada y salida. En la práctica, gran parte del control no se ejerce “en la cadena”, sino en rampas de acceso, casas de cambio reguladas, procesadores de pago y servicios de custodia.

Sin embargo, cuando una operación se desplaza a encuentros presenciales y a plataformas de emparejamiento, el control se vuelve más difuso. El desafío regulatorio no es trivial: endurecer demasiado las reglas puede empujar más actividad hacia la informalidad. Relajarlas puede incrementar el abuso. El equilibrio depende de inteligencia, ejecución selectiva y cooperación público-privada.

En ese sentido, la industria también queda bajo presión reputacional. Cada narrativa que vincula cripto con lavado puede reforzar la idea de que el sector es un refugio criminal, aunque la mayor parte de la actividad sea lícita. Para mitigar ese riesgo, el ecosistema suele apoyarse en auditorías, monitoreo de transacciones, reportes de actividad sospechosa y educación sobre buenas prácticas, sin perder de vista la privacidad y derechos civiles.

Lo que revela el caso: un mercado más ágil que la respuesta institucional

El hilo conductor entre la investigación de Bloomberg y los casos descritos por AP es la agilidad. Los intermediarios se adaptan a la presión policial, diversifican métodos y aprovechan herramientas digitales que reducen costos de coordinación. La economía gig aporta un modelo de reclutamiento y ejecución, mientras que las criptomonedas aportan portabilidad y, en ciertos casos, mayor opacidad.

También aparece un mensaje de fondo: el lavado no es un problema “solo cripto” ni “solo bancario”. Es un fenómeno que migra hacia donde hay fricción más baja. Si una vía se bloquea, el mercado busca otra, ya sea mediante contrabando físico, empresas fachada o activos digitales. Por eso, las estrategias de enforcement tienden a moverse hacia intermediarios, infraestructura y redes de confianza.

Bloomberg, al describir operaciones en un parque suburbano y anuncios con promesas de anonimato, retrata un punto de contacto inquietante entre lo cotidiano y lo clandestino. AP, al enfocarse en acusaciones federales y reorganización de esfuerzos, refleja una respuesta institucional que intenta cerrar la brecha. Entre ambos relatos, se perfila un escenario donde la evolución tecnológica obliga a repensar investigación, regulación y educación financiera.

El tema también tiene implicaciones macro. Cualquier aumento de riesgo percibido puede influir en narrativa, regulación y apetito institucional por criptoactivos. Y eso, a su vez, puede afectar liquidez, innovación y acceso, incluso para usuarios legítimos. El desafío es enfrentar el delito sin frenar el desarrollo responsable del sector.


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